El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y UPyD, el sexto paquete de medidas contra la crisis que el Gobierno aprobó, como un decreto ley, el pasado mes de marzo. Entre las novedades introducidas, se encuentra una rebaja de los tipos de interés por la demora a la hora de liquidar las deudas con Hacienda (que pasa del 7 al 5%), el mantenimiento de las deducciones a las empresas que inviertan en I+D+i y el aumento de la cobertura estatal para las aseguradoras de crédito privadas.
Con todo, el grueso del decreto se centra en la reforma de la Ley Concursal, que recoge las siguientes novedades:
El Gobierno quiere estimular la refinanciación de pasivo, que corte la hemorragia de concursos de acreedores, disparados en los últimos meses. Consciente de que la banca es reticente a renegociar con entidades a las puertas del concurso, por temor a que los tribunales anulen posteriormente el acuerdo e invaliden los privilegios y pongan a las entidades a la cola de cobro, se establecen unas condiciones en las que se blinda el acuerdo. Los tribunales no podrán anular la refinanciación cuando esta sea acordada por acreedores que ostenten tres quintos del pasivo total, cuente con el informe de un experto independiente y se formalice en escritura pública.
La reforma legal busca reducir los costes inherentes al proceso concursal. Para ello, autoriza los concursos abreviados (que cuentan con un administrador concursal en vez de tres) para empresas con un pasivo de hasta diez millones de euros, frente al tope actual, fijado en un millón.
Cuando la empresa entienda que la mejor solución pasa por la liquidación anticipada, podrá solicitarla a partir del tercer mes, tras la emisión del informe concursal, y no esperar a que finalice la fase común, que se suele demorar más de un año.
La reforma agiliza los trámites de despido para que los empleados de empresas en concurso puedan acceder antes a su prestación de paro.