Los compradores de vivienda gallegos a los que la Xunta les reclama una nueva liquidación del impuesto de patrimonio -acorde a la tasación bancaria y no a lo escriturado en la hipoteca -empiezan a movilizarse. Están constituyendo una asociación de afectados - con casi cien miembros- y algunos se han dirigido ya al Defensor del Pueblo, aunque sin éxito. En una de las misivas, a la que ha tenido acceso a este diario, un afectado recuerda a la institución que no se puede castigar al comprador tomando como referencia para liquidar un tributo una tasación bancaria en la que la entidad financiera es parte interesada en fijar un valor más alto.
Sin embargo, en la carta de respuesta, el Defensor recuerda que la gestión fiscal de la Administración autonómica se ajusta a la normativa general tributaria y busca evitar el fraude en el ámbito inmobiliario, es decir, que se pague en dinero negro. Los afectados piden a la Xunta una nueva tasación.