Ambas entidades, como responsables civiles subsidiarias, deberán asumir el pago de casi 88 millones
28 mar 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Los 4.000 ahorradores que confiaron durante la década de los noventa en Gescartera -entre ellos, la Iglesia y varias mutualidades-, atraídos por sus jugosas rentabilidades, podrán recuperar al final todos sus ahorros, hecho inédito en este tipo de casos, aunque aún deberán esperar dos o tres años más para ello.
Esta es la principal consecuencia de la sentencia dictada este jueves por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que condena a Caja Madrid Bolsa y La Caixa como responsables civiles subsidiarios -en la práctica, además, casi los únicos solventes- del fraude perpetrado por los responsables de aquella polémica agencia de valores -cifrado por los jueces en 87,9 millones de euros-, que fue intervenida en junio de 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyos responsables de la época han quedado aquí exculpados.
Una sentencia poco común
El fallo, uno de los más voluminosos que se recuerdan en la historia del citado órgano judicial (592 folios), comprende la condena a ocho de los acusados que se sentaron en el banquillo -la mitad de los cuales tuvieron incluso que ingresar con urgencia en prisión ante el ahora creciente riesgo de fuga- y la absolución de otros seis, entre ellos Laura García-Morey, esposa de Antonio Camacho, ex propietario de la agencia. A este el tribunal le considera «el fundamental artífice y urdidor de la trama empresarial que condujo a la despatrimonialización de Gescartera», entidad que controlaba sin límite alguno.
Por ello, le considera autor de sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por los que deberá cumplir 11 años de cárcel, si bien por el tiempo pasado años atrás en prisión preventiva y los beneficios penitenciarios podría acceder al régimen abierto en dos y a la libertad condicional en cinco.
Pero esta era una noticia más o menos esperada por todos; no así la ya declarada responsabilidad civil de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, aunque la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones insistieron en ella durante los tres meses y medio que duró el juicio. Los magistrados les han dado la razón en primera instancia, si bien ambas entidades han anunciado que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo (al igual que el resto de condenados) al sostener que su discutida actuación se ajustó «rigurosamente no solo a la normativa vigente, sino a las mejores prácticas del sector».
Pero no piensan igual en la Audiencia Nacional, que incluso justifica su decisión en la jurisprudencia del propio alto tribunal, lo cual, a priori, parece reducir las opciones de esos recursos. Aseveran los tres jueces del tribunal del caso, presididos por Carmen González, que las entidades son responsables de los delitos o faltas cometidos por sus empleados (en el caso de La Caixa, los dos jefes de su sucursal en Majadahonda, José Castro y Miguel Prats, condenados ahora a tres años de cárcel).
A ello se une el hecho de que no adoptaran las cautelas exigibles a cualquier entidad financiera, por ejemplo, respecto a las «cotidianas» extracciones de dinero que realizaron personas enviadas desde Gescartera sin documentación acreditativa alguna. O bien, caso de Caja Madrid, se firmaran contratos de subcustodia de valores sin informar a los clientes afectados.
140 millones más
Por todo ello, la Audiencia Nacional les considera responsables civiles «en el total de los perjuicios irrogados», y no solo en la parte que la Fiscalía había calculado respecto a ellos. De esta forma, habrán de responder -con carácter subsidiario, aunque en la práctica es probable que les toque casi todo- por los citados 87,9 millones del déficit patrimonial de la agencia de valores, más los intereses legales devengados desde el inicio del proceso (hace ya siete años) hasta su final (cuando el Supremo resuelva, en unos dos años, los recursos presentados), lo que podría disparar esa suma por encima de los 140 millones de euros. De ellos, se sufragara el Fondo de Garantía de Inversiones, que adelantó parte de las indemnizaciones.
La «mano derecha» de Camacho fue José María Ruiz de la Serna (10 años y medio de cárcel), director general de la agencia y quien concibió con el primero «un plan tendente a ofrecer información opaca, sesgada e inveraz» sobre el estado contable de Gescartera a la CNMV, «a fin de ocultar su déficit». El tribunal no aprecia aquí corresponsabilidades en el regulador, pero sí abre la puerta a que las acusaciones se querellen contra el que fuera secretario de su consejo, Antonio Alonso Ureba, por posible falso testimonio ante su «llamativa» desmemoria. Francisco Javier Sierra de la Flor (6 años y medio de cárcel) fue otro elemento clave de la trama para «adueñarse de parte de los fondos confiados y desviarlos de la esfera patrimonial de sus titulares», colaborando entre ellos para «mantener una situación aparentemente normalizada pero que en la realidad constituía una mera fachada».