La carrera fiscal abierta entre las comunidades autónomas ya tiene un nuevo objetivo. Tras la batalla todavía no cerrada del impuesto sucesiones y donaciones, que Galicia espera reformar antes del final de la presente legislatura, el turno será para el tributo que grava la posesión de la riqueza.
A juzgar por las declaraciones políticas de los principales partidos, el impuesto sobre el patrimonio podría tener sus días contados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, ya anunció su desaparición a lo largo de su actual mandato.
Responsables de finanzas en el comité federal del PSOE coinciden en la necesidad de «adaptar» este impuesto en un plazo de tiempo «prudencial». Y ayer, el presidente gallego reconoció que la Xunta no se mantendrá al margen de esta corriente y estudiará un recorte progresivo.
El PP irá más lejos: lo incluirá en el próximo programa electoral de Mariano Rajoy, quien ya anunció públicamente su intención de suprimir tanto esta tasa fiscal como el gravamen de las operaciones societarias, además de comprometerse a reducir o eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados y reformar el tributo sobre transmisiones patrimoniales si gana las elecciones de marzo del año que viene. Las modificaciones se engloban en una reforma fiscal que se convertirá en el eje de su Plan Estratégico de Competitividad.
Y es que España es, junto con Francia, el único país de la UE que mantiene el impuesto sobre el patrimonio, con un tipo de gravamen muy por encima del país galo (2,5% frente a 1,8%). Se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas mediante la Ley Orgánica 3/1996. Las competencias regionales se ampliaron en el 2002, cuando, además de regular el tipo impositivo y el mínimo exento, se cedió la posibilidad de regularizar las deducciones y bonificaciones de la cuota. A pesar de disponer de estas herramientas, las comunidades no las han utilizado, a excepción de los regímenes forales vasco y navarro.
Los detractores de la tasa sostienen que actúa sobre rentas que, con anterioridad, ya fueron gravadas por otros impuestos. Además, denuncian su incoherencia con la actual política económica y fiscal de incentivación del ahorro y la inversión. Y aducen, por último, que es ya un tributación innecesaria de cara a la principal función para la que fue creada: el control del contribuyente.