El Parlamento Europeo quiere obligar a las empresas privadas a que paguen sus facturas en el plazo de treinta días, según la enmienda que aprobó ayer la Eurocámara sobre la propuesta de la Comisión Europea para combatir la morosidad en los pagos.
La legislación planteada por el Ejecutivo comunitario solo fijaba plazos máximos de pago y compensaciones por demora para las entidades públicas, pero los europarlamentarios consideraron que esta diferenciación «era injustificada». El objetivo de la enmienda es facilitar la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, ahogadas por el retraso excesivo con el que las Administraciones y otras compañías privadas pagan sus facturas.
Según datos de la Comisión, los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones de euros en toda la Unión Europea, 1.200 millones corresponden a las Administraciones públicas y 700 millones a empresas. El 7% de las quiebras empresariales en Europa se deben al retraso en los pagos, según un estudio elaborado por una empresa suiza y citado por el Ejecutivo comunitario.