El líder compostelano del PP y diputado considera un «despropósito» que el gobierno local condicionase la cesión de una parcela a que la Xunta ejecutase obras de urbanización fuera del ámbito educativo
«Detrás de cada factura hai empresas, empregos e persoas que fixeron o seu traballo e teñen dereito a cobrar en prazo», recrimina al gobierno de Sanmartín
Para cederle una parcela municipal de 1.600 metros cuadrados anexa al centro le exige obras de urbanización y ajardinamiento en terrenos de uso no educativo de 14.000 metros
Para la alcaldesa, la iniciativa de otras comunidades autónomas deja claro a quien le compete y desde el Gobierno gallego dicen que es una ley estatal y que debe ser el Estado el que fije el régimen sancionador