La organización internacional saluda la calificación de parque nacional para Ons y Cíes Los ecologistas advierten que la ampliación del puerto destruiría el arenal marinense
Existe consenso para alcanzar el domingo un plan de aplicación Estados Unidos asegura que es el país que más contribuye al desarrollo sostenible
La asociación ecologista Greenpeace demanda que se investigue a la sociedad con capital gallego a la que pertenecía el pesquero El «Eternal» -antes «Camouco»- mordió hace unas semanas el anzuelo de las organizaciones ecologistas estadounidenses, que lanzaron un boicot al consumo de bacalao de profundidad. A raíz de esa campaña, el Gobierno de EE UU confiscó en Boston al pesquero 33 toneladas de esa especie capturadas en el Antártico. El barco está ahora retenido de nuevo por Francia acusado de pesca ilegal con varios gallegos a bordo.
El ejecutivo de Bush reconoció hace un año la exportación a Latinoamérica de maíz modificado, pero ha reanudado esa práctica Estados Unidos es el primer fabricante de productos transgénicos del mundo y también el líder en excedentes de producción. Las taras que los consumidores norteamericanos ponen a alimentos con la etiqueta «GMOs» (marca que indica que el artículo es transgénico) ha motivado que el gobierno de Bush busque una salida para esa producción fuera de sus fronteras, pero valiéndose de los programas de ayuda alimenticia. La primera denuncia se selló hace un año en Bolivia, tras los análisis de maíz por un laboratorio de Iowa. Las organizaciones que dieron la voz de alarma entonces advierten de que estas prácticas ilícitas no han cesado.
Centenares de personas reclaman que el CSN no prolongue en octubre la vida útil de la planta «Zorita, ni un año más». Éste fue el lema al que recurrieron ecologistas, políticos, sindicatos y vecinos en general para reivindicar, un año más, el cierre de la planta nuclear más antigua de España, situada en Guadalajara. En esta ocasión, sin embargo, la protesta adquiere una mayor relevancia después del asalto de la central, el pasado mes de abril, por parte de activistas de Greenpeace y de que el gobierno de Castilla-La Mancha aprobase en pleno la clausura del complejo atómico propiedad de Unión Fenosa.
