Condenado en Vigo a dos años de cárcel un asesor fiscal por estafar 110.000 euros a Hacienda reclamando devoluciones de IRPF de sus clientes sin permiso
VIGO
El acusado confesó en el juicio: «Es todo cierto de principio a fin». Ya pagó 4.000 euros y se compromete a abonar 500 euros al mes hasta devolver todo el dinero
05 nov 2025 . Actualizado a las 15:00 h.La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a dos años de cárcel a un asesor fiscal por estafa y falsedad documental. El importe defraudado ascendió a 110.553 euros. La sala, que ha apreciado las atenuantes de confesión y reparación del daño, lo ha considerado culpable de un delito de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.
El juicio se celebró hace unas semanas y, en principio, el implicado había pactado con el fiscal pero la abogada del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se opuso al acuerdo. Tuvo que decidir la Audiencia Provincial y se inclinó por la petición del fiscal. El acusado, en el juicio, confesó: «Es todo cierto de principio a fin».
Los magistrados indican en el relato de hechos probados de la sentencia que el acusado, que ejercía como asesor, consultor y gestor tributario entre 2017 y 2022, presentó declaraciones del IRPF en nombre de distintos contribuyentes sin su conocimiento, utilizando sus certificados digitales o referencias fiscales. Para asegurarse de que las víctimas no recibieran notificaciones, según consta en la resolución, facilitaba sus propios datos de contacto y hacía ingresar las devoluciones en cuentas bancarias de su entorno familiar o de su titularidad.
En el fallo, los jueces entienden probado que el sospechoso manipuló también declaraciones informativas con datos falsos de retenciones y pagadores inexistentes, lo que facilitó la obtención de devoluciones indebidas por parte de la Agencia Tributaria.
El acusado reconoció íntegramente los hechos desde su primera declaración ante la Fiscalía y ha abonado unos 4.000 euros, comprometiéndose a pagar 500 euros mensuales hasta cubrir la responsabilidad civil, que asciende a 110.553 euros. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.