En lo que va de año, los tribunales civiles registraron 16.052 demandas, 52 más que en el mismo periodo del 2012, cuando ni siquiera estaban vigentes las tasas judiciales
04 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El efecto tasazo se diluye. En lo que va de año, los 14 tribunales de primera instancia de Vigo han tramitado la entrada de 16.052 demandas por deudas, herencias, incapacidades o hipotecas. Son 52 asuntos más que en el mismo periodo del 2012, cuando habían entrado 16.000, y a pesar de que entonces los litigantes no estaban limitados por la exigencia de pagar tasas judiciales por entablar un pleito. Contra todo pronóstico, hay más pleitos con tasas que sin ellas. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?
Los expertos consultados creen que los litigantes se han aprovechado de la circunstancia de que los juzgados no cobran tasas para los pleitos en los que el demandante reclame cantidades inferiores a 2.000 euros. La consecuencia es sencilla. El ciudadano que va a reclamar una deuda de, por ejemplo, 6.000 euros prefiere presentar tres pleitos distintos por valor de 2.000 euros cada uno y así se libra de abonar las tasas. De haber presentado una única reclamación, tendría que abonar entre 150 y 300 euros en precios públicos, además del 0,01 % del total del pleito.
«Lo único que tiene que hacer el demandante es presentar facturas pequeñas por separado, fragmentar toda su deuda, en vez de unirlas todas como hacía antes», dice un experto. Este cree que la multiplicación de pequeños pleitos, exentos de tasas, ha compensado la disminución de las demandas por grandes cantidades.
Fuentes del juzgado de lo mercantil confirman que muchos acreedores han optado por el mismo sistema para reclamar facturas de viajes o transportes, entre otros pleitos. Renuncian a parte de la deuda para que no supere los 2.000 euros o la fragmentan para eludir las tasas, que entraron en vigor el 17 de diciembre del 2012.
Revisión de sentencia
Sin embargo, el efecto tasazo sí se aprecia con toda su virulencia en la presentación de recursos, sobre los que pesan tasas de 800 euros salvo que el litigante goce de justicia gratuita. Los datos de los primeros cinco meses del volumen de apelaciones presentadas en la Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, revelan que los recursos se han desplomado un 42 % respecto al año anterior, en el que no había tasas. El resultado es que la lista de espera para revisar una sentencia se ha reducido a un solo año. Después de años de esfuerzos de los cinco magistrados de esta sala por sacar adelante los asuntos, el tasazo ha borrado de un plumazo 200 asuntos en solo cinco meses y reducido la lista de espera en una sexta parte.
Los resultados de Vigo ponen en evidencia que el argumento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que las tasas iban a descongestionar los tribunales civiles no se sostiene. Incluso los jueces, meses antes, estaban de acuerdo en que no se podían bloquear los juzgados con riñas entre vecinos por las pinzas caídas en el patio. Pero lejos de disuadir a los litigantes, las tasas han agudizado el ingenio y los reclamantes han descubierto el truco de fragmentar sus pleitos. Ahora, los jueces, se topan con montañas de asuntos de poca monta, precisamente lo que se quería evitar.
Al principio, los juzgados registraron caídas del 20 % de las demandas respecto a otros años, en los siguientes meses, la cifra se redujo al 15 %, pero ahora incluso hay más litigios que antes. Nadie contaba con la picaresca del litigante para eludir las tasas, que incluso llegó a reclamar deudas por la vía penal, exenta de cobro, con la excusa de que había sido víctima de un delito de estafa. Otros, aconsejados por sus propios abogados de pago, han reclamado su derecho a la justicia gratuita para obtener un letrado de oficio y la exención de tasas, lo que ha llenado los tribunales de pleitos contra la Xunta para que reconozca.
No obstante, aquellos vigueses que no han tenido más remedio que pagar por pleitear, han aportado a las arcas públicas varios millones de euros solo en Vigo, lo que confirma que estos precios públicos tienen un afán recaudatorio.