Buscan trabajo pero se les han agotado todas las prestaciones posibles y tienen que vivir de la solidaridad.
02 jun 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La prestación por desempleo, la de agotamiento de la prestación, el subsidio para quienes tienen responsabilidades familiares, el de mayores de 45 años... Los han agotado todos. Hay más de 15.000 vigueses que ya no tienen derecho a nada más que a la solidaridad. Buscan empleo pero no lo encuentran. Y, además, no cobran ningún subsidio. Solo pueden tener acceso a programas como el Prepara -estatal- o la Risga -autonómica-, con enormes demoras de tramitación y escasas cuantías de cobro. Están atrapados en el círculo vicioso de la pobreza.
El dato oficial que maneja el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dice que el 31 de diciembre del 2012 había 52.703 personas en la provincia de Pontevedra que buscaban trabajo pero que ya habían agotado las prestaciones contributivas y las asistenciales. La Voz ha estimado que en Vigo serían más de 15.000. El cálculo es conservador y se basa en dos datos: el 30 % de la población de la provincia está censada en Vigo y el 31 % de los parados de Pontevedra están en la ciudad olívica, que sigue ostentando el récord entre las urbes gallegas con 35.000 desempleados.
Y no es que los otros cobren mucho. La prestación por desempleo es contributiva, es decir, cada trabajador percibe una cantidad en función del salario que tenía. Todos los demás son subsidios asistenciales de 426 euros y no pueden recibirlos quienes tengan rentas de más de 484 euros al mes, sean del tipo que sean.
Los 15.000 vigueses sin derecho a cobrar el paro son una legión cuya existencia notan los comedores sociales, las oenegés, las congregaciones religiosas y las organizaciones civiles que tratan de ayudar a los que más lo necesitan. Esta misma semana, Cáritas revelaba que el año pasado tuvo que atender a seis mil familias. Dio servicio a 846 que ingresaban menos de 500 euros y a 323 que no percibían ningún tipo de ingreso. El presupuesto de Cáritas del año pasado fue de 1,3 millones de euros.
Según la información del Gobierno, seis de cada diez ciudadanos que han perdido derecho a cualquier prestación por desempleo en la provincia de Pontevedra son mujeres.
El caso de la viguesa Beatriz Figueroa, la licenciada en Derecho que lleva diez días en huelga de hambre, es paradigmático. Agotó el paro porque le diagnosticaron un cáncer de mama: no podía trabajar y la prestación se acabó. Aún enferma, consumió todos los subsidios y ahora intenta que le concedan otro. A pesar de que en los dos últimos meses no ha cobrado ninguna prestación, el Sergas le cobra también el 40 % de los medicamentos (cuando recibe 426 euros, ya que cuando no ingresa nada no los paga). Así, se da la situación de que una persona jubilada con una pensión contributiva paga un 10 % de las medicinas pero un ciudadano que no tiene derecho a nada paga el 40 %. En este caso, con un cáncer.
Los propios Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres ratificaban hace pocas semanas que últimamente han detectado un incremento de gente que no solo llega en busca de comida, sino también de medicamentos. Y no les faltan los que buscan alimentos: cada día gastan cerca de tres mil euros en ello. La aportación de las Administraciones no llega a los 200.000 euros, a pesar de que se hacen cargo de un problema social.