Para la Diputación de Pontevedra, afirma el Gran Gestor que se acabó la infamia. Porque no hemos sabido ver con criterio sus fotos a bordo del yate de un narcotraficante, confraternizando en franca camaradería. La verdad está en los detalles. En lugar de indignarnos, deberíamos valorar que el presidente se aplica untuosas cremas de protección solar. Y que con ello hace campaña para la prevención del melanoma. Cualquier otra lectura del caso es simplemente eso: Una infamia.
Lo malo es que vivimos en un país de ciudadanos infames. Debe dar hasta cierto repelús gobernarnos. Cuando la gente protesta por los 517 desahucios diarios desde el 2010, no practica otra cosa sino la infamia. Y, si se manifiesta por ello, muy pacíficamente por cierto, será tachada de alborotadora, antidemócrata, antisistema e incluso terrorista. Uno tiene que leer que el Rey cobró una herencia millonaria que su padre tenía a buen recaudo en Suiza. Y que el tesorero del PP amasó una fortuna y se querella por despido improcedente. Y que el gobierno andaluz y un sindicato se repartían pasta de los ERES de unos pobres desgraciados. Y que el marido de una ministra cobra 229.000 euros de indemnización como asesor del partido, mientras está procesado por corrupción. Y que el paro se dispara pese (o a causa) de todas las reformas laborales. Y que el país se va a pique, dirigido por un tipo que está escondido.
Hay tanto por indignarse que no hay espacio para reflejarlo. Pero, si protestamos o criticamos, somos unos infames.
La razón la tienen ellos. ¿Quién dice que son unos corruptos y unos ineficientes? ¿Quién insinúa que no trabajan sin descanso para sacarnos de este agujero? ¿Quién sospecha que no afrontan los grandes retos del país? ¿Acaso no acaban de sacar una ley para ampliar la fecha de caducidad de los yogures?
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