La ejecución de sentencias de derribos es uno de los muchos temas de urbanismo conflictivos y que suelen llevar su tiempo. Si no, que se lo digan a José Manuel Tobío. El vecino lleva acudiendo durante toda la legislatura a los plenos del Concello y a la puerta de la Gerencia Municipal de Urbanismo para disuadir con su presencia a los políticos y recordarles su asunto. Ahora ha sumado los actos políticos. Lo único que ha logrado en este tiempo es que los responsables locales se acostumbren a su cara y balbuceen entre dientes: ahí sigue ese pesado. Por lo demás, su denuncia no ha conseguido prosperar, sino más bien todo lo contrario. José Manuel Tobío reclama desde hace siete años que se ejecute una orden de derribo, a la que se ha venido a sumar con el tiempo otra solicitud sobre un tema semejante. La primera de ellas afectaba a la construcción de una casa sin licencia; la segunda, a un muro, lindante con la anterior, ambos en Teis. Peticiones El denunciante advierte que, pese al acuerdo de la Gerencia de Urbanismo para ejecutar el derribo, éste no se ha llevado a cabo. Tras pedir en más de una decena de ocasiones que se cumpla la orden del expediente, lo único que ha conseguido hasta ahora es que se impongan algunas multas coercitivas de 300 y 600 euros. Sin embargo, siempre según el denunciante, la mayoría no han sido cobradas por falta de personal, en concreto, alguna de ellas por una baja maternal, según le respondieron. Este precisamente es otro de los aspectos criticados por el afectado quien se queja de la falta de información y de no tener acceso al expediente. Desesperado ante los incumplimientos municipales, acudió al Valedor do Pobo. En un primer momento el Concello le hace llegar a esta institución la resolución para la demolición de las obras. Sin embargo, en febrero de este año la Gerencia advierte que se revisará el acuerdo, debido a un error que considera la totalidad de las obras incompatibles con la ordenación urbanística. Por tanto, deja la vía abierta a una posible legalización. El último trámite que ha intentado el ciudadano vigués es acudir al Valedor do Cidadán para recordarle que el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo es firme en la vía administrativa y que, pese a ello, no se ha cumplido. Sospecha que el Concello no ha hecho ni el más mínimo caso, teniendo en cuenta que después de cinco meses de reclamarle información, ha enviado la misma que al Valedor do Pobo. José Manuel Tobío se encuentra indefenso. De no aclararse el caso, amenaza con seguir acudiendo a los plenos y a la puerta de la Gerencia de Urbanismo hasta que se resuelva. A su juicio, el Concello pone más hincapié en defender a los infractores que en velar por que se cumplan los acuerdos.