La polémica versión de las asesinas de Isabel Carrasco desde la cárcel
TELEVISIÓN
La prisión las sancionó tras ser grabadas en los locutorios del centro penitenciario de Villabona, en Asturias
06 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El estreno del documental Desde la celda: crimen en León, ha reabierto un debate cada vez más presente en la sociedad: ¿Dónde están los límites del true crime? HBO Max estrenaba el pasado 12 de mayo, el mismo día que se produjo el asesinato de Isabel Carrasco, pero doce años después un documental en el que hablan las dos condenadas por su crimen: Montserrat González y Triana Martínez. Madre e hija hablan desde la cárcel de Villabona, en Asturias, grabadas desde los locutorios de la misma prisión. Apenas horas después de ser incluida la docuserie en el catálogo de la plataforma, la dirección del centro penitenciario sancionaba a las dos mujeres por aparecer hablando por videoconferencia desde prisión. Se les imponía una falta grave, que condicionará los permisos de salida de los que disfrutaba ya Triana y que siguen denegándole a su madre tras reiteradas peticiones.
La experta en derecho penitenciario y profesora del Grado en Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Sara Carou García, explica cómo es posible grabar dentro de las instalaciones de una cárcel sin ser visto, una de las primeras cuestiones que se planea el espectador al ver el documental. «La carencia de medios humanos y materiales en las cárceles españolas ha sido ampliamente denunciada por los diferentes sindicatos de prisiones. Esa falta de personal y de recursos afecta a todas las áreas, incluyendo la seguridad intrapenitenciaria, por lo que es factible que se produzcan grabaciones de este tipo que no sean detectadas por el personal del centro penitenciario», asegura.
El abogado de Montserrat y Triana recurrió las sanciones impuestas, que no afectan a su próximo traslado a una cárcel de Madrid por petición de ellas mismas, escudándose en su derecho de creación artística. Aunque la familia de Isabel Carrasco no ha emprendido acciones legales, este caso recuerda a la campaña que lideró Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, Pescaíto, que destapó que la asesina de su hijo iba a participar en una docuserie contando su historia y que tenía un móvil a su disposición en prisión.
El caso de Patricia Ramírez
Este escándalo fue tal que el Gobierno anunció, tras meses de profundo debate social y las quejas de Ramírez sobre las amenazas que recibía desde la cárcel Ana Julia Quezada, que pretende poner coto al true crime para evitar que los autores de los crímenes se lucren de sus delitos o alcancen notoriedad pública.
Convertido en un fenómeno de masas, con un consumo disparado coincidiendo con el auge de las plataformas de streaming, las producciones de true crime se han multiplicado en los últimos años ante el éxito de audiencia que representan. Es un campo que nunca ha estado exento de polémica, ya que, en su evolución como género, cada vez son más frecuentes las producciones en las que los acusados o condenados tratan de empatizar con la audiencia.
Precisamente eso intentan buscar Montserrat y Triana, que piden perdón por lo ocurrido, aunque no son tan tajantes al mostrar su arrepentimiento por acabar con la vida de Isabel Carrasco en plena calle a tiros.
Carou ve muy necesaria esta regulación televisiva para el true crime. «Hay obras encuadrables en ese género que pueden ayudar a generar un sano debate social sobre las lagunas y deficiencias del sistema legal o que pueden contribuir a dar voz a las víctimas», afirma la experta. Aunque matiza que «lo cierto es que muchas de estas producciones obedecen a un afán de lucro y notoriedad de sus creadores, que se aprovechan del interés insano y morboso que el crimen despierta en cierta parte de la población».
El impacto en las familias
Añade además que «provocan un impacto negativo en las víctimas y en sus familiares, que se ven revictimizados al tener que escuchar o visualizar el horror vivido de nuevo. Eso supone una vulneración flagrante de derechos fundamentales como la integridad moral, el honor o la intimidad. Tales derechos deben prevalecer sobre derechos como la libertad artística o de información», asevera.
Precisamente en las familias se centra la psicóloga Azahara Moliz. «Cuando un crimen con tanta repercusión vuelve a exponerse públicamente, especialmente dando voz a quien ha cometido el crimen, es frecuente que el dolor de la familia y de las personas cercanas a la víctima se reactive con toda esta nueva exposición mediática, conectando de nuevo con emociones, imágenes y recuerdos muy dolorosos. Las pérdidas nunca dejan de formar parte de la historia de una familia».
Además reflexiona si «quizá, como sociedad, también deberíamos preguntarnos qué impacto emocional y social puede tener convertir este tipo de sufrimiento en algo consumible públicamente».