Uruguay eleva ahora el coste de las patrulleras de Cardama a más de 100 millones de euros
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Yamandú Orsi da por zanjada la relación con el astillero vigués y avanza la búsqueda de un nuevo constructor
24 mar 2026 . Actualizado a las 01:12 h.El plan de renovación de la flota de la Armada de Uruguay supondrá una factura más costosa de lo previsto hace tres años. Tras la rescisión definitiva del contrato adjudicado en el 2023 al astillero vigués Cardama, el Gobierno latinoamericano se ha lanzado al mercado para dar con un nuevo constructor de una pareja de patrulleras oceánicas tipo OPV. El Ejecutivo sitúa ahora en 60 millones de dólares el valor de cada embarcación, como reconoció recientemente el propio presidente Yamandú Orsi. Es «lo que sería viable gastar», manifestó ante los medios de comunicación.
La cifra supera holgadamente los 82 millones de euros por los que fue adjudicado el pedido en octubre del 2023 al fabricante naval gallego. El contrato fue firmado por la Administración de Luis Lacalle y, con la llegada al poder de Orsi, se puso la proa a la asignación por «fuertes indicios de fraude o estafa» relacionados con el aval tras una investigación iniciada en el seno del Ejecutivo uruguayo. En octubre, la presidencia del país anunció su intención de rescindir la adjudicación a Cardama y elevó el caso a la Fiscalía y el pasado febrero rompió definitivamente las relaciones.
Pero la Armada no ha abandonado su interés de disponer de una pareja de embarcaciones de vigilancia costera y en estos momentos busca a un nuevo constructor. Está dispuesta a desembolsar cerca de 120 millones de dólares (unos 103 millones de euros). «Más importante o tan importante que el costo es cómo lo pagás», expresó Yamandú Orsi para añadir que «la opción más interesante» que maneja su equipo es «la compra de país a país». En intervenciones anteriores, aseguró que el Ejecutivo mantiene conversaciones con industrias navales de España, Argentina, Colombia, Corea del Sur, India o Francia para sacar adelante las patrulleras, de unos 85 metros de eslora.
La semana pasada, ante los medios de su país, Orsi también confirmó que, a pesar de haber solicitado Cardama en su día una audiencia de conciliación, paso previo al emprendimiento de medidas legales, finalmente la empresa de Vigo ha abandonado esta intención y, por ahora, «no hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo». Pero advirtió que por parte de Uruguay sí está pendiente de evaluación «las consecuencias de la rescisión, que son los daños y perjuicios». El fabricante naval gallego inició la construcción de las dos embarcaciones y hasta la rescisión del contrato recibió 29 millones de euros en pagos del Estado.