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El Tratado de Alta Mar ya puede proteger los océanos

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Imagen de un fondo marino en Málaga.
Imagen de un fondo marino en Málaga.

Con la propuesta de preservar el 30 % de los mares en el 2030, ya proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales

18 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Al menos formalmente, la franja de los océanos situada por fuera de las 200 millas de la jurisdicción nacional de los diferentes países ya tiene una norma internacional para protegerla, el Tratado de Alta Mar, también conocido por las siglas en inglés BBNJ del Acuerdo sobre Biodiversidad más Allá de la Jurisdicción Nacional. Ayer entró en vigor un pacto ratificado por la UE y otras 86 partes —no por EE.UU., entre otros—, que se comprometen a aplicar este acuerdo de la ONU.

La UE ha liderado la coalición que hizo posible lo que la Comisión Europea considera «un hito histórico para la conservación» del mar en aguas internacionales. Abarcan «casi la mitad del planeta», según la Alianza de Alta Mar, que subraya que, «por primera vez, establece un marco jurídico para proteger la biodiversidad en estas aguas internacionales y garantizar que los beneficios de sus recursos se distribuyan equitativamente entre las naciones».

Aun reconociendo que «el verdadero poder del Tratado dependerá de cómo se implemente y se mantenga colectivamente en los próximos años», incide en que este «representa un paso transformador hacia la protección de los ecosistemas marinos y el abordaje de las amenazas urgentes que plantean el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad».

«Obligaciones claras»

Con la propuesta de preservar el 30 % de los mares en el 2030, el BBNJ ya proporciona las herramientas para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Además, «establece obligaciones claras sobre cómo garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos» y prevé evaluaciones del impacto ambiental de las actividades económicas, con idea de garantizar prácticas sostenibles y el menor impacto en los ecosistemas marinos.

Según la Alianza de Alta Mar, desde este 17 de enero «se aplican varias obligaciones legales» para las partes contratantes. Aunque todavía se están configurando los órganos del Tratado y los procesos de decisiones, pone un ejemplo práctico de lo que ya puede hacerse ahora. Si una de las naciones planifica cualquier actividad en aguas internacionales que puedan afectar al océano o al fondo marino, el Gobierno correspondiente «debe notificarla públicamente» y, además, «debe seguir los procesos de evaluación ambiental».

Ahora que el BBNJ se ha «convertido oficialmente en derecho internacional», su órgano decisorio se reunirá dentro de un año.