El fondo de ajuste del «brexit» abre una brecha entre los Estados costeros
SOMOS MAR
Francia y España piden el cambio de un criterio al que se aferran Irlanda y los Países Bajos
14 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La piña que los ocho Estados costeros de la UE habían formado mientras se pactaban los términos del divorcio del Reino Unido y sus 27 socios ha acabado en pugna interna una vez dicho adiós a los británicos.... y a sus aguas. El reparto del dinero que trae para la pesca la reserva de ajuste del brexit, ese fondo llamado a compensar los efectos del portazo británico al sector, ha abierto una profunda brecha entre los eurodiputados a cuenta del reparto que la Comisión Europea ha propuesto siguiendo unos criterios que, a juicio de unos, son de lo más justo que hay y, para otros, los que menos reciben, son, a todas luces, inaceptables.
España, por supuesto, con los escasos dos millones que le adjudica el fondo, está en este último bloque. En el lado de los que están satisfechos con el reparto quedan, obviamente, los que más reciben: Irlanda, a la cabeza, con los Países Bajos y Bélgica. La división es tal que algún eurodiputado belga llegó a acusar al ponente, el francés François-Xavier Bellamy, de elaborar un informe guiándose más por los intereses nacionales de su país que por la objetividad. Enseguida replicó el galo explicando que esa falta de transparencia y falta de equidad de la que habla su informe no es solo cosa suya y de los eurodiputados que alabaron su ponencia, sino también del Tribunal de Cuentas de la UE, órgano poco sospechoso de actuar motivado por intereses nacionales, que llamó la atención precisamente sobre el hecho de que la mayor parte de los fondos dedicados a la pesca recayesen en cuatro Estados de los once afectados. «De lo que se trata es de que quien más pérdidas sufra, más ayuda reciba y que esa ayuda sea proporcionada a la pérdida, ya sea un pescador francés, holandés, bretón o irlandés».
En eso incidió el gallego Nicolás González Casares, que es el ponente socialista del informe en la Comisión de Pesca sobre la propuesta de la Comisión. Este pidió eliminar el criterio de ponderación por dependencia pesquera, porque «todos los profesionales afectados deben ser tratados por igual, residan donde residan: un derecho de pesca recortado afecta por igual a un marinero alemán, bretón o gallego».
Ampliar el plazo
Para Bellamy es preciso dotar al fondo de una base jurídica clara para evitar que estas ayudas no encajen bien con las reglas de las ayudas de Estado y los pescadores beneficiados tengan que devolverlas. Es imprescindible extender su vigencia hasta el 2026, pues será entonces cuando se harán notar los efectos del brexit en toda su crudeza, ampliar las actividades que pueden beneficiarse al marisqueo y la acuicultura y, por supuesto, eliminar ese controvertido criterio de dependencia al que se aferran Irlanda, los Países Bajos y Bélgica. Asimismo, reclamó agilidad y menos burocracia para acceder a los fondos.
Además de Casares y su compañera de partido, Clara Aguilera, también el popular Francisco Millán Mon apoyó extender el período de cobertura de las ayudas y, sobre todo, la propuesta de Bellamy de incluir otros territorios de ultramar dependientes de la corona británica, como es el caso de las Malvinas, donde hay flota gallega afectada. Casares añadió también al cómputo las pérdidas ocasionadas por el brexit en aguas ajenas al Reino Unido, como el caladero de Svalbard, donde los bacaladeros gallegos han perdido posibilidades.
Clara Aguilera fue más rotunda, al asegurar que favorece irregularmente a cuatro Estados y Millán Mon, además de subrayar su desacuerdo con los criterios aplicados, reclamó la ampliación de ese fondo de reserva para que pase de 600 a 1.000 millones. La vasca Izaskun Bilbao sugirió varias mejoras: incorporar el valor de las capturas que la flota hacía en territorios de ultramar, ampliar el plano hasta el 2026 e incluir a la acuicultura y la transformación.