El Tribunal de Cuentas cree que el fondo del «brexit» entraña riesgos de que se malgaste el dinero

Los auditores cuestionan el reparto de las indemnizaciones entre los Estados miembros


redacción

El Tribunal de Cuentas de la UE ha examinado con lupa la reserva de ajuste del brexit que propone la Comisión para compensar a los Estados miembros, regiones y sectores más afectados por el acuerdo que regirá las relaciones tras la desconexión británica, y ha puesto varios peros. Para empezar, pone de relieve los riesgos que ese fondo entraña. Y a continuación pone el acento en los desequilibrios a la hora de fijar el porcentaje de compensación, supuestamente calculado en base al impacto estimado en las economías nacionales teniendo en cuenta dos factores: el comercio con el Reino Unido y el pescado capturado en aguas británicas.

De esa manera, casi la cuarta parte de los 5.000 millones que componen ese instrumento de solidaridad van para Irlanda, a la que se le otorgan 991 millones. La segunda mayor partida se destinaría a los Países Bajos (714 millones), seguida de Alemania (429 millones), Francia (396) y Bélgica (305). España, con 174, vendría después de Dinamarca, en un controvertido cálculo que valora en poco más de 2 millones la compensación por las capturas en la ahora zona exclusiva del Reino Unido.

Son cifras importantes, de una cuantía «inusualmente elevada de prefinanciación» que no requiere autorización previa de la Comisión, dado que los Estados ni siquiera tienen que proporciona datos sobre las medidas que se van a financiar. Eso, a juicio de los auditores, es peligroso y arriesgado. Advierten de que la estructura y el calendario propuestos dan pie a selecciones que podrían resultar deficientes o inadmisibles, pues el período de aprobación de las acciones sería de julio del 2020 a diciembre del 2022, cuando la Bruselas no evaluaría la adecuación de las medidas hasta el 2024.

Dos asignaciones

Para paliar las previsibles disfunciones que ocasionaría la desconexión británica, el Consejo Europeo anunció esa reserva especial dotada de 5.000 millones y la Comisión presentó su propuesta en diciembre pasado. Su sugerencia es la de activar el fondo de adaptación al brexit en dos asignaciones, la primera este año, en forma de prefinanciación por valor de 4.000 euros, mientras que los mil millones restantes llegarían en el 2024 para cubrir cualquier gasto admisible que rebase el importe pagado en concepto de prefinanciación. Y ahí es donde ven los problemas los auditores, que al no haber un programa operativo, ni instrucciones para la concesión de esos fondos, se corre el riesgo de que sean ineficientes o que se trate de medidas que no son susceptibles de recibir financiación.

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