La Xunta pagará este año los planes de comercialización que debe desde el 2014
SOMOS MAR
El sector adelantó las ayudas en su momento para poder ejecutar los proyectos aprobados, que giran en torno a los ejes de la reforma de la política común de pesca
27 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La conselleira do Mar, Rosa Quintana, anunció este martes en Marín, en una jornada especial sobre fiscalidad, que las organizaciones de productores pesqueros llevaban mucho tiempo esperando: la Xunta pagará antes de fin de este año las ayudas a los planes de producción y comercialización de estas organizaciones, correspondientes a los últimos ejercicios cerrados; es decir, del 2014 al 2016. El sector adelantó estas ayudas en su momento para poder ejecutar los proyectos aprobados, que giran en torno a los ejes de la reforma de la política común de pesca. Se trata de medidas relacionadas con la trazabilidad de productos, artes de pesca más selectivas, aprovechamiento de descartes, sostenibilidad de los recursos y mejoras en la comercialización.
El sector pesquero en Galicia fue pionero en este campo y es evidente su peso en el ámbito de las organizaciones de productores pesqueros (OPP), pues de 38 que existen en España 12 son gallegas. De hecho, estas jornadas técnicas las ha organizado la asociación marinense Opromar.
Asimismo, el asesor de la Secretaría General de Pesca, Omar Collado, protagonizó otra ponencia donde explicó las características del proyecto de real decreto que regulará las ayudas a estas organizaciones, aunque dentro del marco estatal. La previsión del Ejecutivo central pasa por que este decreto se publique antes de que acabe el año, regulando las ayudas. La Secretaría General de Pesca ha puesto en marcha una nueva aplicación informática, la OPPES, para agilizar todos los trámites que lleva aparejados.
Fondo desaprovechado
Por último, el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, clausuró las jornadas, animando a las OPP a acudir al fondo de ayudas de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la UE, que está dotado con más de 950 millones de euros y que los colectivos españoles no están utilizando, aunque pueden hacerlo al ser a través de una alianza internacional con un país tercero.