Llevamos muchos años de política de «ti vai facendo» y por un sentido equitativo de la justicia distributiva la parcelación de la propiedad ha sido una constante generación tras generación. En un contexto de economía de autosuficiencia este reparto tenía su sentido y su lógica: repartir bien entre todos los herederos para que todos pudiesen vivir. Pero esta situación cambió hace 50 años de manera progresiva con la emigración y la descongestión demográfica del rural.
Sin embargo se sigue, salvo excepciones, con los mismos principios de reparto y así nos encontramos con terrenos de propietarios absentistas o excesivamente parcelados que dificultan su aprovechamiento agrario.
Para corregir esta situación ha habido intentos desde la Administración, pero estas cosas no se modifican solo por vía legislativa hace falta también pedagogía, persistencia y tiempo. En el reparto de la tierra de Galicia 2/3 están dedicados a monte y apenas el 30% se considera SAU (superficie agraria útil), esto es, terreno que se cultiva. Este reparto choca con el de las regiones más dinámicas de Europa, donde la SAU es el doble que en Galicia. Es gracias a las condiciones de clima y suelo que tenemos las producciones que tenemos, pues si fuera por la estructura de la tierra estaríamos en el vagón de cola en indices de productividad agraria.
El Banco de Tierras es la iniciativa más reciente para poner en producción tierras abandonadas con potencialidad agraria y prestar un servicio a los titulares de las explotaciones para aumentar su base territorial, pues la escasez de superficie nos está llevando a unos sistemas intensivos, con evidentes debilidades desde el punto de vista económico y medioambiental.
Francia, país modélico en la organización del territorio, ha sabido organizar hace décadas a través de las SAFER (Societé pour l’Amenagement du Foncier Rural), y otras disposiciones para mejorar las estructuras agrarias, aumentar la superficie de las explotaciones y la viabilidad de las mismas.
Estas sociedades han sido creadas en el marco de la Ley de Orientación Agrícola de 1960, con la idea de preparar la agricultura francesa para su integración en la incipiente CEE. Aquí nos faltó tiempo y políticas de largo alcance que evitaran el absentismo y el abandono.
Iniciativas como el Banco de Tierras son necesarias, pero deben ir acompañadas de otras que incentiven su uso. La corrección de las limitaciones debe hacerse desde la Administración, pero también desde el propio sector que tiene en el relevo generacional uno de los retos pendientes, pues son los jóvenes formados los que tienen que corregir estas carencias y dinamizar los territorios rurales, pero seguimos adoleciendo de políticas de largo alcance. Francia nos puede dar ideas.