LAS PROTESTAS de los MIR (Médicos Internos Residentes), que reclaman condiciones razonables de trabajo y un salario acorde con sus responsabilidades, pone de manifiesto dos cosas que conviene analizar. La primera, que no se gana nada cuando la regulación de un servicio profesional de características muy específicas se dispersa en diecisiete administraciones distintas. Y la segunda, que las diferencias y disfunciones son inevitables cuando no existe un órgano competente para gestionar la estructura básica del servicio. Aunque la lógica de ciertos servicios debería ser su universalización, los periódicos de estos días vienen llenos de noticias en las que se defiende y justifica la transferencia como si fuese la piedra filosofal contra todas las carencias. Y así, cuando lo lógico sería que los servicios de tráfico, de policía o de salvamento marítimo fuesen comunes a toda Europa, lo que puede suceder es que volvamos a la Edad Media, cuando el cruce de cualquier río importante implicaba un cambio de todos los instrumentos necesarios para un viaje o una actividad comercial. La descentralización es buena cuando apunta hacia el reconocimiento de valores específicos o de hechos diferenciales consolidados, pero carece de sentido cuando se trata de buscar la homologación que hace posible una vida en la que cada vez nos movemos más e intercambiamos más cosas. Que Galicia administre su educación, su agricultura o su territorio es algo completamente lógico y, por consiguiente, útil y eficiente. Pero que la autoridad de tráfico cambie cada trescientos kilómetros, o que el sistema asistencial tenga condiciones diferenciadas en cada comunidad autónoma, puede ser el principio de una irracionalidad que convendría advertir antes de que fuese más grave. A veces esta dispersión se produce y estimula en función de las capacidades que tienen algunas comunidades autónomas para asignar más recursos a un determinado servicio, y por eso resulta explicable que el País Vasco tenga por regla general que los servicios transferidos funcionan mejor que los no transferidos. Pero esa situación puede convertirse en trampa saducea cuando las perspectivas de inversión disminuyen con la transferencia, y cuando lo único que se puede esperar es un empeoramiento paulatino de servicios que vienen funcionando con razonable eficiencia. La cuestión es compleja, pero a los gallegos nos conviene mucho poner en cuestión la idea de que la transferencia y la eficiencia son conceptos sinónimos. Las cosas apuntan, al menos de momento, a la conclusión contraria, y por eso deberíamos analizar el nuevo discurso de las transferencias con mayor cuidado del que, a mi modo de ver, estamos poniendo.