El ministerio publica un documento homologado para regir las transacciones entre bodegueros y viticultores, una práctica cada vez más extendida en el sector gallego

M. Alfonso

Hace unas semanas, el Ministerio de Agricultura publicaba en el Boletín Oficial del Estado un contrato homologado para la venta de uva. La medida estaba destinada a facilitar al sector un documento que cuenta con reconocimiento institucional y que quiere servir para ordenar las transacciones entre viticultores y bodegueros. En Galicia, cada vez son más los que recurren a este sistema, aseguran los sindicatos agrarios. Y es que está comprobado que solo tiene ventajas.

«Dende que se aprobou a lei da cadea alimentaria, os contratos son obrigatorios e cada vez están máis implantados», explica Samuel Lago, de Unións Agrarias. Esta formación lleva años luchando para que se liguen las subvenciones a las bodegas con la firma de contratos por parte de estas. Y lo ha conseguido. «Queremos que se lle dea máis puntuación ás adegas que teñen contratos. A lei deste ano saíu así», explica. «En xeral están funcionando moi ben. O 90 % das adegas os están utilizando», añade Julio Reboredo, de la Asociación Agraria de Galicia. Ambos sostienen que es en la denominación de origen Rías Baixas donde más implantado está este sistema. En otras regiones, como Valdeorras, van un poco más lentos. «As adegas máis grandes ou as que son de xente de fóra si que están traballando con contratos. Á xente de aquí de toda a vida cústalle máis», reconoce María Eugenia Medina, portavoz de Asaga en Ourense.

Las organizaciones sindicales tienen claro que estos documentos tiene muchas ventajas, tanto para los viticultores, como para los bodegueros. La primera, la estabilidad. «Son unha garantía de prezo para os viticultores», insiste Lago. «Son bos para os dous lados. Para que as adegas poida esixir aos viticultores unhas determinadas características da uva e para que os viticultores saiban o prezo que van percibir», añade Medina.

Otra ventaja de estos documentos es que permiten a los viticultores cobrar por su cosecha mucho antes de lo que solían hacerlo. Es cierto que a ello están ahora obligadas por ley las bodegas. Pero es que, hasta hace unos años, «os viticultores financiaban ás adegas», asegura Reboredo. Y es que el viticultor entregaba su cosecha entre septiembre y octubre y no cobraba hasta el año siguiente. «Agora, as adegas pagan unha parte en vendima e a outra antes de finais de ano», asegura Lago.

La mayoría de estos contratos tiene una duración de varios años, dependiendo de los intereses de los implicados. Fijan, además, un precio para la uva en función de la calidad de la misma y la obligación de pago de las bodegas. La ley dice que, actualmente, toda la venta de uva se tiene que regir por estos documentos pero la realidad es que todavía quedan bodegas y viticultores que se resisten a esta práctica. Por fortuna, son ya los menos.

 

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