La Xunta rechaza que las jóvenes de 16 años puedan interrumpir el embarazo sin el permiso paterno y que se ponga fin al período de reflexión antes de la operación
08 feb 2023 . Actualizado a las 22:45 h.Más del 60 % de los abortos que se practicaron en Galicia el pasado año se llevaron a cabo en centros públicos del Servizo Galego de Saúde. Así lo acaba de destacar en el Parlamento el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en respuesta a una interpelación de la oposición. Comesaña aseguró que las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en las siete áreas sanitarias, con lo que así se da cumplimiento a la actual legislación vigente.
El conselleiro avanzó que las reformas previstas en la nueva ley del aborto no añaden ninguna prestación nueva a las que ya oferta la sanidad pública gallega desde hace años. «A reforma prevista da lei 2/2010 de salud sexual y reproductiva non implica introducir cambios na xestión da interrupción voluntaria do embarazo na sanidade galega», remarcó el conselleiro, al tiempo que destacó que «a única acción que a nova lei nos esixiría sería a creación dun Rexistro de Profesionais Obxectores de Conciencia», una cuestión que la Consellería de Sanidade entiende que no sería necesario para «garantir a prestación, porque o Sergas é capaz de realizar interrupcións do embarazo nas sete áreas».
En todo caso, García Comesaña subrayó que el Gobierno gallego cumplirá cualquier modificación que se introduzca en la ley. Según los datos aportados por los servicios de Ginecología de las siete áreas sanitarias de Galicia, menos del 40 % de las solicitudes de aborto que se recibieron fueron derivadas a centros privados con autorización autonómica. El coste de las operaciones fue asumido por el sistema público.
El titular de Sanidade también indicó que los centros de Orientación Familiar y los centros hospitalarios del sistema público «permiten a realizacion de abortos farmacolóxicos nas sete áreas sanitarias por debaixo das 9 semanas de xestación». Entre las 9 y las 14 semanas, «os centros hospitalarios de todas as áreas sanitarias realizan interrupcións voluntarias do embarazo polo procedemento instrumental», mientras que entre las 15 y las 22 semanas, un período en el que la legislación actual solo permite el aborto por razones médicas, las intervenciones se han realizado en los hospitales de referencia e, incluso, en alguno comarcal.
En el caso de las interrupciones de los embarazos por encima de las 22 semanas de gestación, que la ley solo permite por complicaciones en el feto, «Galicia tamén garante a atención no sistema público», según Comesaña.
«Hai xa seis anos que Galicia garante dentro do seu sistema público interrupcións do embarazo que noutras comunidades autónomas se derivan sistemáticamente fora do territorio», insistió el representante de Sanidade.
Sobre los cambios en la ley que se debaten en el Senado, Julio García Comesaña asegura que «non consideramos razoable nin ben regulado o cambio respecto á non necesidade de consentimento dos titulares da patria potestade no caso de menores de idade, xa que pode xerarse unha situación de desprotección dunha menor cuxa interrupción do embarazo se complique e necesite con rapidez esa autorización para realizar intervencións necesarias para preservar a saúde». Con la nueva normativa, próxima a su aprobación, las jóvenes de 16 años podrán interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres, tal y como ya recogía la ley vigente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta opción fue anulada posteriormente con la reforma de Alberto Ruiz Gallardón, del PP, y ahora se pretende recuperar.
La Xunta también cree poco apropiado eliminar el período de reflexión de tres días sobre esa intervención, «xa que a propia lei establece a obriga de proporcionar un volume moi importante de información á muller, tanto sobre os distintos métodos como sobre as condicións e os centros dispoñibles».
El Tribunal Constitucional rechaza las recusaciones
El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles apartar a cuatro magistrados del recurso contra la Ley del Aborto que participaron hace casi trece años en la tramitación de aquella norma y evita así quedarse sin quorum para resolver.
Como era de esperar, el pleno del tribunal de garantías ha inadmitido a tramite los incidentes de recusación contra el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel por falta de legitimación de los cinco exdiputados del PP que les recusaron.
El Pleno entiende que los exdiputados firmantes carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación pues solo el conjunto de los 71 diputados del PP puede recusar, en cuyo nombre no actuaban en este caso.
Con esta decisión, el tribunal salva la amenaza de quedarse sin quorum para resolver, pues el mínimo son ocho magistrados. Precisamente, el tribunal ya rechazó este martes la abstención de Espejel porque el Pleno no consideró justificados sus motivos que, en caso de haberse aceptado, habría abocado a tres magistrados más a seguir sus pasos.
Porque Espejel y Montalbán fueron vocales del CGPJ que redactó un informe sobre la ley; Conde-Pumpido era fiscal general cuando el Consejo Fiscal emitió su informe y Campo era secretario de Estado de Justicia, que fue el Ministerio que redactó la ley.
Resueltas ya las abstenciones y recusaciones, el Pleno abordará ahora el debate de la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que avala la ley de 2010 y solo ve inconstitucional una cuestión, el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no está debidamente informada.
La mayoría progresista, de siete a cuatro en el pleno, tiene intención de avalar íntegramente la Ley del Aborto impulsada en 2010 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sin aceptar limitaciones o condiciones al derecho al aborto.
Si esto ocurre se abren dos escenarios: que Arnaldo asuma la tesis de la mayoría o renuncie a la ponencia para que sea otro magistrado el que la redacte acorde al sentir mayoritario y se apruebe así en el siguiente pleno.
