El Gobierno central envía un requerimiento oficial a Castilla y León exigiendo que no aplique su protocolo de aborto
SOCIEDAD
La Junta ha contestado que tiene «plena autonomía» para llevar a cabo esas medidas y dan a entender que seguirán adelante con su idea
16 ene 2023 . Actualizado a las 09:06 h.El Gobierno central ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El Ejecutivo envió ayer un documento a la Junta regional para frenar su protocolo de aborto. Afirma el texto remitido desde Presidencia que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente». La nueva medida, que entraba en vigor este lunes, estaba impulsado por Juan García-Gallardo (Vox), vicepresidente de la Junta, donde gobierna con el PP. García-Gallardo explicó que los médicos tendrían la obligación de ofrecerles a las mujeres que quieren abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal y ver una ecografía en 4D.
A ultima hora del día, la Junta de Castilla y León se ha pronunciado. Asegura que tiene «plena autonomía» para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas. En ese sentido, considera que dichos requerimientos del gobierno central son «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía». Subrayan que las suyas son medidas para fomentar la natalidad y de apoyo a la familia, dando a entender que seguirán con el protocolo anunciado.
Desde el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Ejecutivo central, se insiste en que la nueva norma de interrupción del embarazo, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, precisamente eliminó este tipo de injerencias, como el período de reflexión obligatorio o el ofrecimiento de información sobre ayudas a la maternidad. La carta ordena que no se produzca ninguna «recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico». También se indica que las pruebas diagnósticas deben ser recogidas por las guías de salud nacionales e internacionales y estar avaladas por las sociedades científicas.
«En relación a un protocolo denominado por el propio ejecutivo regional como ''antiabortista'', el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)», señala el documento remitido por el Gobierno central al regional. Se añade que, «ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes».
Alberto Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, tardó varios días en pronunciarse sobre el tema, pero el político del Partido Popular señaló el sábado que esta medida trataba de fomentar la natalidad y que no tenía un espíritu antiabortista, aunque Gallardo sostiene que es un mecanismo «provida».
