«Solo sí es sí»: diez claves para entender la tormenta jurídica y política que ha desatado la ley
SOCIEDAD
Los ataques de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces alimentan el conflicto abierto con la reducción de penas y la excarcelación de violadores, y ahonda en las divisiones dentro de Podemos y del Gobierno
22 nov 2022 . Actualizado a las 14:21 h.Las reducciones de condena a algunos agresores sexuales, amparadas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «sí es sí» ha desatado una verdadera tormenta jurídica y política que ha puesto en la picota a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre todo por su airada respuesta negando cualquier error de la norma y atacando a los jueces con acusaciones de machismo.
¿Por qué están rebajando penas?
En el nuevo texto legal desaparece el delito de abuso sexual. Todo acto que se lleva a cabo sin consentimiento de la víctima es considerado agresión. Eso supone que exista una horquilla de penas muy amplia para sancionar conductas de diferente gravedad (las que antes se dividían en abusos y agresiones) y que se registren condenas inferiores a las que se producían con la ley anterior, sobre todo en los tipos mínimos, aunque también ocurre en algunos máximos. En el texto antiguo fijaba penas de uno a cinco años de cárcel para el tipo básico de agresión sexual, mientras que la del «solo sí es sí» establece de uno a cuatro.
¿Estaba prevista esta reducción?
Diferentes juristas destacan que habían avisado al Gobierno de que se podía dar esta circunstancia de que se rebajaran ciertas condenas. El Consejo General del Poder Judicial indicó en un informe no vinculante que «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente». El Ministerio de Igualdad no tuvo en cuenta este apunte. Sigue defendiendo que las penas máximas no se han bajado y que sobre rebajar las mínimas no advirtió nadie. Tampoco se pusieron trabas desde la parte socialista del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó el texto, la Fiscalía General del Estado lo dio por bueno y el Congreso de los Diputados lo aprobó con 205 votos a favor, tres abstenciones y los 141 votos del PP y Vox en contra. Y pasado 7 de octubre entró el vigor la ley estrella del Ministerio de Igualdad, impulsada por Irene Montero. Y llegaron las rebajas de condenas.
¿Cuantas reducciones de condena se han producido? ¿Cuáles fueron los primeros casos que salieron a la luz?
Hasta el momento han trascendido al menos 13 reducciones de condena amparadas por la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí»: cuatro en Madrid, dos en Baleares, dos en Galicia, una en Cantabria, una en Andalucía, una en Castilla y León, una en Castilla La Mancha y una en Murcia. Además, en cinco de esos casos la rebaja de la pena implicó la inmediata puesta en libertad de los condenados. Además, entre ellos hay casos muy llamativos, como los dos primeros que salieron a la luz en Madrid, el de un hombre de 38 años que abusó de la hija de su pareja de 13 y el de un profesor de inglés que engañaba a sus antiguos alumnos para obtener fotos y vídeos de contenido pedófilo. Y están en parrilla de salida casos muy mediáticos que pueden generar más controversia. El abogado de los miembros de la Manada, Agustín Martínez, ha solicitado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra una revisión de condena para Ángel Boza,
¿Se están aceptando todas las peticiones de revisión?
Cada vez que se produce una modificación del Código Penal los condenados tienen derecho a que se revise, incluso de oficio por parte de los tribunales, su sentencia. Otra cosa es que esa revisión lleve aparejada automáticamente una rebaja de condena. Aquí hay dos posiciones completamente opuestas y defendidas ambas por juristas de máximo prestigio. Unos dicen que si el reo se le impuso la pena mínima en su momento ahora le corresponde automáticamente la pena mínima del otro delito. Los otros sostienen la misma posición que el Ministerio de Igualdad. Si la pena entra dentro de la nueva horquilla se mantiene y no hay motivo alguno para rebajarla.
¿Cómo ha respondido Igualdad?
Culpando a los jueces de interpretar la norma desde una visión machista. «Hay jueces que no están cumpliendo la ley por machismo», clamó Irene Montero. «La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley», afirmó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. «Fachas con toga», llegó a llamarlos el diputado murciano y coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna. Estas críticas son consideradas «intolerables» por los juristas. De hecho, las asociaciones mayoritarias de jueces, de corte conservador, han pedido la dimisión la dimisión de Irene Montero, e incluso la progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha criticado la reacción «injusta e inapropiada» de distintos cargos de Podemos.
¿Hay diferentes posturas en el Gobierno?
Por un lado está la beligerancia con la que ha actuado la parte de Podemos. Por otra, la «llamada a la prudencia» de los ministros del PSOE y Pedro Sánchez. Además, está la situación de Yolanda Díaz, que evita defender públicamente a Irene Montero e invita a esperar al Tribunal Supremo, una postura más cercana a los socialistas que ha enervado a Pablo Iglesias, que ha señalado que los que se ponen de perfil con respecto a Montero en la ley del «sí es sí» son miserables.
¿Un cambio legislativo variaría las reducciones?
Aquellos condenados que han visto cómo sus penas se han rebajado al amparo de la ley del «solo sí es sí» seguirán en esa misma situación aunque se cambiara de nuevo el Código Penal. Solo cabe revisión si hay posibilidad de reducción de condena, no se contempla para establecer castigos más duros que los que se han impuesto inicialmente, se trata del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. En los casos en los que se han tomado estas decisiones no hay vuelta atrás. Los excarcelados no volverían a entrar en prisión ni aunque se endureciera de forma ostensible el actual Código Penal.
¿Cuál es el camino?
La única fórmula para solucionar este conflicto jurídico que ha desembocado en polémica política pasa por el Tribunal Supremo y la Fiscalía, a los que apelan desde el Gobierno central, especialmente la parte socialista, pero también la de Podemos, que ha ido bajando el tono de sus acusaciones. La Fiscalía General del Estado ha emitido este lunes un decreto para que se unifiquen las posiciones del ministerio público a la hora de revisar sentencias al amparo de la ley de libertad sexual. El escrito indica a los fiscales que se opongan a las reducciones. Irene Montero ha celebrado la decisión de la Fiscalía. «Unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley del ''solo sí es sí''», ha señalado Montero en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que la posición del Ministerio Público «reafirma la jurisprudencia consolidada».
En cualquier caso, la última palabra la tiene la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, porque en función de como resuelva los recursos que le vayan llegando a este respecto sentará jurisprudencia, con lo que el resto de instancias judiciales ya sabrán como actuar. Ahora bien, por el momento se descarta que la Sala Segunda, presidida por el magistrado Manuel Marchena, se vaya a reunir en pleno para abordar este conflicto e pronunciarse al respecto. Lo hará solo según lo previsto atendiendo a los recursos de casación ya presentados, probablemente a partir del martes que viene.
¿Cómo puede afectar esta situación a otras leyes?
Todo indica que la tramitación de la ley trans se retrasará hasta el punto de que no podrá ser aprobada este año, como prometió Irene Montero. Porque hay voces críticas que cuestionan algunos aspectos de la norma y, tras lo ocurrido con el «solo sí es sí», los socialistas que se posicionaban contra el texto inicial y pedían cambios se han rearmado de argumentos. Pero hay un sector del feminismo que no lo ve así. Desde la Alianza contra el borrado de las mujeres consideran que «ir al registro y declararse mujer (sin informe ni tratamiento) no es un derecho» y que «ser mujer no es un sentimiento en la mente de un hombre». La socialista Carmen Calvo coincide con este posicionamiento. Cuestiones como la participación de deportistas trans en competiciones de categoría femenina o del posible mal uso de la norma sin que en realidad una persona sea trans están sobre la mesa. Pero seguramente la polémica salpicará también a la ley del maltrato animal y a la del aborto, porque los apuntes del Consejo General del Poder Judicial y otras consideraciones de los expertos en la materia serán valorados de otra forma debido a este precedente.
¿Cuáles son las consecuencias políticas?
La tormenta desatada por la aplicación de la ley del «solo sí es sí» incide en la división entre los socios de Gobierno. Los barones socialistas se sienten incómodos con la reforma del delito de sedición y con estas rebajas de condenas, sobre todo en un momento en el que ya se piensa en las elecciones municipales y autonómicas del 2023. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que Irene Montero debería «rectificar inmediatamente». También se ha abierto más la brecha entre Podemos y Yolanda Díaz, con Pablo Iglesias incidiendo en las diferencias entre la vicepresidenta y en antiguo líder de la formación morada, criticando a los que se ponen de perfil y no salen en defensa de la ministra de Igualdad. El Partido Popular ha encontrado en esta situación una clara veta política y está acusando al Gobierno central de soberbia por no admitir fallos en la ley. Alberto Núñez Feijoo ha pedido a Pedro Sánchez que arregla esta «chapuza legal».
