El PSOE impulsa una ley para acabar con la prostitución con multas a clientes y prisión si la mujer es menor

Alfonso Torices MADRID / COLPISA

SOCIEDAD

Tras pinchar en su intento de lograrlo a través de un atajo (una enmienda a la ley del «solo sí es sí»), activa un plan B registrando una propuesta de ley en el Congreso

19 may 2022 . Actualizado a las 19:04 h.

El PSOE quiere abolir la prostitución en España y quiere abolirla ya. Solo 24 horas después de que los socialistas pinchasen en su intento de lograrlo a través de un atajo, mediante una enmienda a la ley del «solo sí es sí», han tomado el camino principal y esta mañana han registrado en el Congreso una proposición de ley que reclama la prohibición y persecución de una industria, en muchos casos coercitiva y clandestina, que vive de la explotación sexual de las mujeres.

La proposición de ley prevé, además del encarcelamiento de proxenetas y dueños de burdeles y de la clausura de sus locales, fuertes multas para los puteros —quienes convengan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otra prestación económica— e, incluso, su entrada en prisión si la mujer prostituida es una menor de edad o una persona «en situación de vulnerabilidad». Las multas a los clientes serán, de forma general, de 12 a 24 meses (la cantidad varía según el dinero por día que fije el juez) y del doble si la víctima de explotación sexual es una menor o una mujer vulnerable.

Si la norma es aprobada por el Parlamento en esta legislatura, lo que es muy posible dada la posición favorable a la reforma de los dos grandes partidos españoles, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por parte de otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta —lo que coloquialmente se conoce como un chulo— o sea además el dueño del burdel, barra americana, piso o local de cualquier tipo en el que se produce la explotación sexual. Dará igual que ese prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. En definitiva, promover o ayudar a la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos.

El PSOE sabe desde este miércoles que, en principio, el PP está de acuerdo con su proposición de ley abolicionista, ya que su contenido es prácticamente idéntico al de las enmiendas fallidas a la ley del «solo sí es sí» que los populares estaban dispuestos a apoyar antes de que fuesen retiradas in extremis por los socialistas para salvar la nueva norma contra la violencia sexual.

Altas posibilidades de éxito

La suma de los votos de estos partidos —más de 200 de los 350 diputados del Congreso y mayoría asegurada en ambas cámaras— minimizaría la trascendencia de la posición que tomen el resto de los partidos, con ERC, Ciudadanos, JxCat, la CUP contrarios a la prohibición de la industria proxeneta y partidarios de que la prostitución voluntaria se regule como una profesión más, con Unidas Podemos con divergencias internas entre abolicionistas y partidarios de la legalidad regulada, y con el PNV y EH Bildu que aún no han desvelado sus cartas sobre el debate de fondo.

La reforma del Código Penal que promueve la proposición del PSOE dice que se considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. Esta infracción se pagará con entre uno y tres años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. La definición está diseñada de tal forma que exonera de la comisión de un delito a conductas de mera receptación en el ámbito familiar del dinero procedente del ejercicio de la prostitución (que una prostituta traiga dinero a casa).

Como delito independiente, pero conectado con el anterior se recupera la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizada, desde la reforma del Código Penal de 1995. Quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento —abierto o no al público—, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento, será castigado con una pena de dos a cuatro años de prisión, multa de 18 a 24 meses y la posible clausura del local o inmueble, así como la disolución de la empresa o sociedad que regente el negocio ilícito y el embargo de sus bienes.

Ayuda psicológica, médica, jurídica y económica para las prostitutas

La tercería locativa actúa así como un tipo agravado del proxenetismo y en ambos casos se comete solo con constatarse el ánimo de lucro y el favorecimiento. No hacen falta, como hasta ahora, ni la violencia ni la intimidación. De hecho, el Código Penal mantendría el actual delito de proxenetismo como el tipo agravado. Castigará con penas de tres a seis años de cárcel y multa de 18 a 24 meses a todo el que empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Todas las clases de proxenetismo, sobre todo las vinculadas a la tercería locativa, podrán ser castigadas con sanciones económicas adicionales muy altas, que en el caso de delitos con penas de más de cinco años pueden ir del triple al quíntuple del beneficio obtenido por el chulo o el dueño del burdel.

La legislación represiva que supone esta ley se complementaría con acciones concretas para la recuperación de las víctimas de la explotación sexual, las prostitutas, mujeres en nueve de cada diez casos —y en la inmensa mayoría de las ocasiones, extranjeras— con mucha frecuencia sin papeles de estancia legal en España y víctimas de las redes de trata de personas. Esta política integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para su recuperación e integración sociales sería muy similar a la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar a las víctimas de la violencia de género de esa otra lacra. Esta red social de recuperación se desarrollaría a través de la ley de Trata, cuyo borrador elaboran en la actualidad los ministerios de Igualdad y Justicia.