Las autoridades españolas prestan especial atención a los recientes casos de irregularidades con una de las principales agencias, BIOTEX, ya que el gobierno ucraniano acusa a la agencia de delitos de falsificación de documentos, fraude fiscal y delitos de tráfico de personas.
En Ucrania operan decenas de agencias que ofrecen sus servicios de gestación subrogada con paquetes que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, incluyendo gastos médicos, de alojamiento, servicios de traducción y asistencia legal.
La ley exige el consentimiento de la gestante libre y voluntario tras el nacimiento, algo que todas las familias españolas han obtenido. Además, la ley española vela por el derecho del menor a conocer su origen biológico, algo que no se exige en Ucrania una vez que se cede la paternidad.
«Tenemos una relación muy estrecha (con la madre) y pensamos mantenerla. Hemos vivido el día a día del bebé desde su concepción hasta ahora», señaló Ara Domínguez acunando a María, de dos meses. «Queremos volver en un futuro para que María conozca sus orígenes», sentencia.
R. Romar
Ahora sí, ahora no. Es la táctica que ha seguido el Gobierno con las cerca de treinta familias que están retenidas en Kiev a la espera de que el consulado inscriba como españoles a los bebés nacidos por gestación subrogada en las clínicas de Ucrania. Si el pasado viernes emitió una instrucción por la que se desbloqueaba la situación al permitir de nuevo una prueba de ADN para certificar la paternidad y permitir así reconocerlos como españoles, el sábado rectificó su decisión para dejar sin efecto la orden emitida desde su Dirección General de Registros y del Notariado.
Seguir leyendo
