Indignación entre las familias con bebés retenidos en Ucrania: «No se pueden reír de nosotros»

«No nos vamos a rendir. Lucharemos con mas fuerzas y mas ganas que antes. No se pueden reír de nosotros. Esto es una venganza política y no lo vamos a permitir», asegura con indignación, pero también con fuerza, Ana Reyes, después de la decisión, el sábado, del Ministerio de Justicia de retirar el test de ADN como prueba de paternidad para poder inscribir como españoles a los bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania. En torno a unas 30 familias permanecen en esta situación en el país eslavo, algunas ya con sus hijos, pero sin posibilidad de llevarlos a España a no ser que tramiten la nacionalidad ucraniana para los niños, lo que supone más trámites y más demoras.

«El Gobierno «está jugando con las familias, dejándonos desamparados y utilizándonos para mandar un mensaje negativo a otras parejas españolas que estén considerando la gestación subrogada», comentó Ana Reyes Rodríguez, que llegó a Kiev junto a su marido en diciembre pasado.

La anulación por parte del ministerio de Justicia de España llegó un día después de que se emitiese una instrucción por la cual los registros consulares de España en todo el mundo podían aceptar una prueba de ADN como garante de la paternidad o maternidad de uno de los progenitores españoles. Precisamente, esa medida venía a sustituir la normativa por la cual se exige una sentencia previa de filiación del menor, un trámite que hasta la fecha las familias no han podido cumplimentar en Ucrania.

Las familias se consideran víctimas de cambios de criterio y retrasos administrativos, a lo que hay que sumar las dificultades económicas que atraviesan por la dilación del proceso. «Solo queremos inscribir a nuestros bebés y volver a España con ellos», afirma Amador, quien tras dos meses de espera en Ucrania reconoce haber perdido su puesto de trabajo. Su mujer, María Gil, voló ayer de regreso a España «sin mi niña, a quien no podré volver a ver en varias semanas. Tengo el corazón roto», explica mientras no aparta la mirada de Daniella, que cumple hoy dos meses.

Fuentes consulares insisten en que están en contacto frecuente con las familias, a quienes han recibido repetidas veces. También se muestran dispuestas a encontrar una solución «a las situaciones de hecho que se hayan creado» para las familias, pero recuerdan que han de aplicar la ley atendiendo al interés superior del menor y sin perjuicio a la madre gestante.

El Gobierno español recuerda que la gestación subrogada, también denominada por sustitución y más conocida como vientres de alquiler, es una práctica prohibida en España, y que desde 2006 lleva desaconsejando el procedimiento.

«¿Qué esperan que hagamos? Nuestras expectativas cambian día sí y día no. Estamos atravesando un infierno. No ha habido humanidad por parte de la administración», se queja Amador, quien confiesa haberse puesto de rodillas ante el cónsul español en Kiev implorando ayuda.

Algunas de las familias cuentan con abogados especializados en la materia para asistirles durante el proceso, y registran a los bebés como hijos de una relación extramatrimonial con el consentimiento tanto de la madre gestante en Ucrania como de la pareja española.

«Para España, la madre es la que pare. Sin embargo, en Ucrania la legislación nos reconoce como padres y madres de pleno derecho desde que el niño nace», cuenta Ramón Martínez, quien recurrió a la gestación subrogada tras un doloroso periplo con los procesos de adopción.

«Se nos acusa de ser compradores de niños y se nos reprocha no adoptar, pero lo que no se menciona es lo largo y duro que es el proceso de adopción, y lo difícil que es cumplir todos los requisitos para poder aspirar a ser padre adoptivo», añade Ramón.

Las parejas tienen la opción de inscribir al bebé con nacionalidad ucraniana. Sin embargo, la denominada vía ucraniana implica cierta pérdida de derechos para los padres españoles, que no podrían reclamar bajas por maternidad y paternidad de regreso a España.

Las autoridades españolas prestan especial atención a los recientes casos de irregularidades con una de las principales agencias, BIOTEX, ya que el gobierno ucraniano acusa a la agencia de delitos de falsificación de documentos, fraude fiscal y delitos de tráfico de personas.

En Ucrania operan decenas de agencias que ofrecen sus servicios de gestación subrogada con paquetes que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, incluyendo gastos médicos, de alojamiento, servicios de traducción y asistencia legal.

La ley exige el consentimiento de la gestante libre y voluntario tras el nacimiento, algo que todas las familias españolas han obtenido. Además, la ley española vela por el derecho del menor a conocer su origen biológico, algo que no se exige en Ucrania una vez que se cede la paternidad.

«Tenemos una relación muy estrecha (con la madre) y pensamos mantenerla. Hemos vivido el día a día del bebé desde su concepción hasta ahora», señaló Ara Domínguez acunando a María, de dos meses. «Queremos volver en un futuro para que María conozca sus orígenes», sentencia.