«Estamos en Kiev sin un duro y sin saber cuándo llevarnos a nuestra hija»

Raúl Romar García
R. Romar REDACCIÓN

SOCIEDAD

Cedida

Una treintena de familias, atrapadas en Ucrania porque no pueden inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada

17 feb 2019 . Actualizado a las 14:25 h.

Alba apenas ha cumplido dos meses de vida y es una apátrida. Nació en Kiev el pasado 19 de diciembre, pero mientras que para las autoridades ucranianas es española a todos los efectos, el consulado no la reconoce como tal. Ha denegado su inscripción, por lo que si quiere ir a España junto a sus padres legales, Ana Reyes y Fernando Frontela, necesitaría un pasaporte ucraniano. Más trámites y más demoras para una familia de Palencia que está viviendo una auténtica pesadilla sin visos de solución a corto plazo. Fue la primera pareja a la que se le ha denegado la inscripción de su hijo en el consulado español, hace menos de una semana, pero desde entonces otras seis han recibido la misma negativa. Y son cerca de treinta las que aún esperan una respuesta. Todas fueron a Ucrania para tener un bebé nacido por gestación subrogada. Y lo han conseguido, solo que ahora España no se los reconoce.

«Nuestra situación es absolutamente desesperada. Estamos en Kiev sin saber cuándo vamos salir, sin un duro y sin saber cuándo podremos volver con nuestra hija a España. Y los gastos van incrementándose cada vez más», asegura Ana Reyes. Tanto ella como su marido llevan en Kiev desde el pasado 7 de diciembre en una situación que empeora cada día que pasa. «Yo soy jubilada, pero mi marido trabaja -lo hace en un taller de cristalería- y no se puede tirar muchos más meses aquí si no quiere perder el empleo. Ni él, ni el resto de las personas que estamos en Ucrania. Y no porque nos traten mal, sino porque es inviable».

Prueba de ADN

¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Hasta el pasado mes de julio, para que se reconociese como español un hijo concebido por gestación subrogada en el país eslavo, y, por tanto, pudiera ser registrado en el consulado, era necesario que el padre presentase una prueba de ADN. Como efectivamente era suyo, ya que la madre biológica solo cedía su cuerpo para poder tenerlo, se aceptaba la solicitud. Sin embargo, el Gobierno cambió las condiciones y desestimó la prueba de paternidad porque violaba la nueva ley de protección de datos de la UE. Esta era la teoría, aunque en la práctica todo siguió prácticamente igual y el consulado seguía registrando los bebés. Hasta hace unos días, en que se denegó la petición de Ana Reyes y Fernando Frontela.

«Han empezado a denegar todas las solicitudes presentadas este mes con la excusa de que no tiene medios para verificar el vínculo biológico paterno, pero lo que en realidad se está haciendo es cerrar las puertas del consulado a las familias», explica Marcos Jornet, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que vela por los intereses de las familias con hijos nacidos por gestación subrogada. «También nos han pedido una resolución judicial que determine la filiación del recién nacido, cuando nunca la han demandado y que es algo que en Ucrania no está contemplado», relata Ana Reyes.

Cambio de criterio

«Fue -añade Jornet- un cambio de criterio sin previo aviso y con una absoluta fatal de respeto y mala fe, porque hasta ahora no había problemas. Todos los días nacen niños en estas condiciones incluso en una semana se reconocieron a treinta».

A los padres que están en esta situación les queda por delante un infierno burocrático, que se suma al que ya han vivido previamente. La opción que les queda es tramitar un pasaporte ucraniano para sus hijos y luego, ya en España, iniciar un procedimiento judicial para que al padre se le reconozca la paternidad y, a partir de ahí, solicitar la nacionalidad española. «Un trámite que se podía resolver en el consulado va a significar ahora un año o más de trámites para los padres», destaca Jornet.

Ana Reyes lo sabe bien. «Ucrania -dice- considera a nuestra hija española, por lo que para pedir el pasaporte de este país que nos permita traer la niña a España tardaremos un mes para solicitar la nacionalidad y otros tres meses para realizar la tramitación del documento». Es lo que también les quedará por delante al resto de las familias. «Las que permanecen se están desgastando económicamente. Nosotros incluso pedimos ayuda consular y la respuesta que nos dieron fue que, si teníamos familia, que nos ayudara nuestra familia. Y, si no, que tiráramos de nuestros bienes», confiesa la palentina.

Exteriores pide un informe urgente, pero desaconseja a los padres recurrir a Ucrania

En España no está reconocida la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler, por lo que los padres que quieran recurrir a ella tienen que acudir a países donde sí se puede llevar a cabo, como Estados Unidos, Canadá o, en Europa, Georgia y Ucrania. Sobre este último Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que desde el 2016 se vienen observando problemas, por lo que desaconseja «recurrir a este país». A los padres afectados les recomienda la posibilidad de «volver a solicitar la inscripción ante la embajada o presentar el oportuno recurso en el caso de que no estén conformes con la denegación». Fuentes del departamento dirigido por Josep Borrel también advierten que el ministerio «no tiene competencias para dictar instrucciones en materia de Registro Civil a embajadas y consulados y no puede entrar a valorar casos concretos».

En todo caso, Exteriores ha solicitado a la embajada de España en Kiev un informe urgente sobre los fundamentos jurídicos «que han motivado estas decisiones con el fin de consultar acerca de los mismos, de manera igualmente urgente, con el Ministerio de Justicia». Sobre el particular avanza que ya ha pedido información a la embajada.

«Los menores no pueden quedar desamparados»

«No entendemos cómo pudieron toma esa decisión del Gobierno sin previo aviso», asegura sorprendido Óscar Gabín, portavoz de la Asociación Gallega de Gestación Subrogada. Entiende que es poco comprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que la justicia ampara siempre la defensa de los menores, por lo que «ni los menores ni sus familias pueden quedar desamparados».