Jolgorio, regocijo, minifaldas... cuando el machismo entra en el juzgado

f. s. m. REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

Kai Foersterling | Efe

El fallo que culpa a una víctima por su minifalda y el que señala que la agredida no es virgen son perlas de un sistema en el que las mujeres son el 53 % de los jueces pero apenas llegan a la cima

07 may 2018 . Actualizado a las 13:33 h.

En el 2001 la Audiencia de Barcelona consideró probado que un policía había encañonado con su pistola a una niña de 13 años para que le hiciera una felación. Sin embargo, impuso la pena mínima al agresor, seis años de prisión. ¿Por qué? Porque la menor no era virgen. Recalcó que la víctima no era «una persona absolutamente inexperta en el tema de la sexualidad». Anteriormente, el mismo tribunal rebajó el castigo al autor de otra agresión sexual porque esta se produjo dentro del matrimonio.

Ningún otro caso ha agitado tanto la sociedad española como el de la Manada y el «ambiente de jolgorio y regocijo» reflejado en el voto particular del magistrado Ricardo González, que defiende la absolución de los acusados. Pero es cierto que en los últimos años el machismo se había dado unos cuantos paseos por los juzgados.

Evidentemente, hay fallos judiciales que duelen, pero en muchos casos lo que escandaliza de forma definitiva son los argumentos. Sucedió en la conocida como sentencia de la minifalda. Una adolescente leridana de 16 años fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe. Era el año 1989. Él recibió una sanción mínima, una multa de 40.000 pesetas (240 euros) porque se consideró que «ella pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario por su vestimenta». Fue el principio de una cadena de despropósitos. Dos de los tres magistrados reconocieron públicamente que rubricaron el fallo sin haberlo leído previamente. Recibieron una sanción leve por parte de la Audiencia Territorial de Barcelona. A la víctima, en cambio, le cambió la vida. Perdió su trabajo y cargó con el lastre la culpa. «Estuve tapándome durante años como una monja porque la gente hablaba mal de mí», confesó la víctima al diario El Segre. Dijo que comenzó a remontar a los 26 años, una década después del acoso, cuando conoció a su marido.

Del mismo año, 1989, es aquel texto redactado en la Audiencia de Pontevedra en el que se citaba literalmente «la vida licenciosa» de una gallega, que se atrevía a estar «sola en una discoteca a altas horas de la noche» y que al subirse a un coche con desconocidos se «ponía en disposición de ser usada sexualmente».

No hay que viajar tanto en el tiempo para encontrar más motivos para la indignación. Un tribunal de Barcelona acaba de condenar a seis años de cárcel (la petición fiscal era de 14) a un hombre de 59. Penetró a su sobrina de 16 sin consentimiento. Pero el fallo destaca que no hubo violencia ni amenazas. Ella estaba en estado de shock. Eso no importó en los tribunales.

Revisión de la ley

Consentimiento frente a violencia. Como en el caso de la Manada, que ha llevado al Gobierno a convocar una comisión para revisar la ley penal. En principio, el grupo estaba formado por veinte hombres y ninguna mujer. Después rectificó para incluirlas. Tampoco es ninguna novedad que la brecha existente en la cúpula judicial. Hace justo un año los grupos de la oposición reclamaron en el Congreso que se tendiera al equilibrio entre hombres y mujeres en los nombramientos de altos cargos en este ámbito. Más de cien catedráticos, magistrados y juristas firmaron en el 2017 el manifiesto Más mujeres para una mejor justicia Constitucional. Ellas son el 53 % de la carrera judicial. Pero su presencia se diluye a medida que se avanza hacia la cima de la pirámide. Apenas llegan a la cima. Según el último Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial publicado en marzo por el Consejo General del Poder Judicial, «la presencia femenina sigue siendo minoritaria en los órganos judiciales»: un 27,4 %. En el Tribunal Supremo las mujeres suponen solo el 14 % de los magistrados (11 de 77 miembros); además, todas las salas están presididas por hombres. El porcentaje en la Audiencia Nacional es del 38,5 %. Y solo uno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia de España está presidido por una mujer. Cada vez más expertos coinciden en que estos números son un muro entre la Justicia y la sociedad.