Ricardo González, el juez que vio «jolgorio» en los vídeos de la Manada

Ricardo González, el juez favorable a la absolución de la Manada, lleva meses en el ojo del huracán: ya desde el principio, el magistrado mostró indicios de no estar en la misma sintonía que sus otros dos colegas miembros del tribunal, postura que quedó clara el jueves al hacerse pública la sentencia del juicio y, con ella, los argumentos que le llevaron a emitir su controvertido voto popular en favor de la puesta en libertad de José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero. González no vio en el portal de Pamplona a cinco chicos violando a una chica de 18 años. No vio violencia ni fuerza ni brusquedad. Tampoco burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia. Vio «desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo», «menor actividad y expresividad en la denunciante», concede, pero nada de «oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento o desconcierto».

Hasta en tres ocasiones trató de forzar Ricardo González a lo largo del proceso las excarcelaciones de los miembros de la Manada, pero en todas ellas se encontró con la oposición de José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, que usaron su mayoría para mantener en prisión a quienes ya tenían en mente condenar. El gran síntoma que anticipó la postura del juez discrepante se produjo durante el interrogatorio a la víctima el día en el que la chica declaró en la sala de vistas de la Audiencia de Navarra. Su insistencia en preguntar sobre temas espinosos, como por ejemplo cómo podrían saber los acusados que la víctima no quería mantener relaciones sexuales, dejaron patente sus dudas acerca de la culpabilidad de los acusados. Fue la única vez que González tomó la palabra. Y lo hizo para dejar clara la importancia de la respuesta: «Quiero simplemente puntualizar, desde mi punto de vista, extremos que pudieran ser relevantes en su caso». 

Tras el relato de la joven, que reconoció que no se resistió porque, dijo, entró en shock, González  llegó a apreciar: «Está claro que dolor usted no sintió».

Insiste en la misma idea en su extenso y trabajado voto particular -237 páginas de una sentencia de 371-, una severa conclusión en la que no solo se afana por desmontar los argumentos de la defensa y describir, sin ahorrarse adjetivos y detalles, lo que en su opinión sucedió en el número 5 de la calle Paulino Caballero, sino que además carga con dureza contra sus compañeros de tribunal, acusándoles de un «sesgo voluntarista para poder justificar mejor su decisión de condenar a los acusados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento». «En varios momentos, además, se escuchan sonidos de voz femenina que pueden describirse como gemidos o jadeos de carácter sexual», llega a explicitar en su interpretación de los 96 segundos de imágenes.

Expedientes

«Todos saben que tiene algún problema singular», deslizó este lunes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre Ricardo González. «Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo General del Poder Judicial no actúe y luego se produzcan resultados singulares -dijo en declaraciones a la Cope-. Eso se podría haber evitado».

Sin concretar de qué problema estaba hablando, Catalá añadió: «Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación, y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente». «A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema», apuntó sin dar más datos.

Se refería Catalá a una serie de sanciones como consecuencia de retrasos injustificados y reiterados en sus funciones, han revelado fuentes del Consejo General del Poder Judicial. El juez que emitió el voto particular llegó a estar suspendido en el 2001 durante seis meses por falta muy grave. Entre otros retrasos, tardó 14 meses en redactar un fallo sobre divorcio.

En el expediente del CGPJ se tuvieron en cuenta otras sanciones seguidas contra este magistrado, entonces juez de primera instancia de Bilbao, concretadas en multas por retrasos cometidos en los últimos años de la década de los 90. La resolución del CGPJ del 2001 fue confirmada por sentencia del Supremo en noviembre del 2003.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han querido dejar claro, sin embargo, que en los últimos cuatro años no se ha registrado ningún expediente ni sanción.