Con el comienzo del nuevo año Rumanía ha reanudado las adopciones internacionales, al entrar en vigor la nueva y restrictiva ley sobre la protección del menor, tras una interrupción de tres años. Las nuevas disposiciones sólo permiten el prohijamiento para los parientes en segundo grado del niño y además establece que la edad del menor adoptable en el extranjero no puede ser inferior a los dos años. Asimismo, se crea la Oficina Rumana para Adopciones, única autoridad que controla este proceso, y se elimina la actividad de las fundaciones y de las numerosas instituciones rumanas que durante más de diez años se ocuparon de intermediar en adopciones. La corrupción de estas entidades obligó a las autoridades, presionadas por la Unión Europea, a suspender los procedimientos y reformar el sistema.