La oposición recela de una normativa que permitirá a la Administración el cierre cautelar de medios informativos electrónicos El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), la primera norma que regulará la realización de actividades económicas por vía electrónica.
08 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La ministra de Ciencia y Tecnología, Ana Birulés, explicó que la llamada «Ley Internet» se enmarca dentro de un impulso al comercio electrónico y rechazó que conculque algún derecho fundamental, como se ha denunciado desde la oposición. IU opina que «estamos en la antesada de un cibercontrol de Estado indiscriminado» y el PSOE critica el «oscurantismo» con que se está tramitando la polémica normativa. «El objetivo de esta ley es dar seguridad jurídica y técnica a las actividades económicas a través de telecomunicaciones, de modo que aumente el uso y la oferta del comercio electrónico», aseguró Ana Birulés. El proyecto de ley hace referencia a las actividades económicas realizadas no sólo por Internet, sino por otras redes como las de telefonía móvil, las de televisión digital terrenal, por satélite o por cable. Respecto a los recelos que esta normativa ha levantado entre la oposición y defensores de los ciberderechos, por lo que podría suponer de recortes a derechos fundamentales, la ministra de Ciencia y Tecnología insistió en que la ley no incorpora ningún otro tipo de actuación que no esté ya en el ordenamiento jurídico español. «Si se atenta contra derechos fundamentales en la vida física hay unas actuaciones por vía judicial, pues lo mismo ocurrirá en la Red», declaró. Críticas de PSOE e IU A pesar de estas declaraciones, tanto PSOE como IU expresaron sus críticas al proyecto. Enrique Martínez, secretario de Innovación y Comunicación Interna del PSOE, aseguró que esta norma «adolece de falta de transparencia» y que el Ministerio de Ciencia y Tecnología «ha perdido la ocasión para liderar un debate abierto sobre el comercio electrónico en nuestro país». Por su parte, Izquierda Unida fue más allá al manifestar que este proyecto «es una zancadilla a las demandas de comunicación libre y avanzada». Se trata de «un nuevo paso en la enfermiza obsesión del PP de criminalizar a los grupos disidentes con su política». Tanto los ciberactivistas como la oposición han anunciado campañas de información como alternativa al previsible rodillo parlamentario del PP.