El Ayuntamiento de Santiago sanciona hasta con 30.000 euros a viviendas de uso turístico que funcionan sin licencia municipal

r. m. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Iago Lestegás Tizón (BNG) es el concejal de Urbanismo de Santiago
Iago Lestegás Tizón (BNG) es el concejal de Urbanismo de Santiago

En el 2025 inició cuarenta expedientes de reposición de legalidad a pisos sin permiso

13 feb 2026 . Actualizado a las 21:28 h.

El actual gobierno local comenzó a imponer sanciones el pasado año a viviendas de uso turístico (VUT) que funcionen sin el obligado título (licencia) habilitante municipal. De momento ha tramitado cuatro, y dos de ellas ya han derivado en sanciones de 30.050 euros, aunque solo una se ha mantenido en esa cifra. La otra se ha quedado en 18.030 euros, al aplicársele una reducción del 40 % al aceptar su propietario voluntariamente la responsabilidad de la infracción, comunicar que procedería al pago voluntario y renunciar a la presentación de alegaciones y recurso en vía administrativa.

Así lo anunció este miércoles el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), quien dio cuenta del resultado de las distintas vías de inspección y control de la actividad de las VUT que tiene el Ayuntamiento, cuya aplicación «está a dar froitos». Según el edil, la constancia y perseverancia de la Administración local en ese control «conseguiu que desapareceran do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) da Xunta moitos pisos turísticos ilegais nos dous últimos anos».

Según la estadística experimental del INE, que se basa en datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España, en agosto del 2020 había 759 VUT en Santiago (con 3.425 plazas) y en noviembre del 2025 eran 374 (1.734 plazas), la mitad en dos años, aunque esos datos distan de los del REAT, que en diciembre pasado tenía registradas 668 viviendas de uso turístico, por las 807 del mismo mes del 2023.

En cualquier caso, en esos dos años, la presencia de pisos turísticos en el registro autonómico se redujo un 17 %, según Lestegás, quien demandó un papel más «proactivo» de la Xunta en el control de esa actividad para dar de baja en su registro las VUT que carecen de licencia municipal. Porque, ahora mismo, con esa habilitación solo hay 69 en el municipio.

La iniciativa inspectora del Concello ha provocado ya bajas en el REAT, aunque no al ritmo que quisiera Raxoi, que en el 2025 dictó 123 resoluciones de declaración de ineficacia de comunicaciones previas (al no cumplir esas viviendas con los requisitos para esa actividad). Así lo notificó a la Axencia de Turismo de Galicia, pero 25 de esas VUT todavía siguen en el REAT. En lo que va del 2026 ya se le notificaron otras diez, aunque hay otros 11 procedimientos abiertos ya.

En paralelo a esos procedimientos, el Concello inició el pasado año 40 expedientes de reposición de la legalidad a VUT que no pueden ejercer esa actividad por falta de habilitación. De ellas, tres aún siguen inscritas en el REAT, según ha constatado el gobierno local, que afea a la Xunta que no haya fijado todavía la reunión que le pidieron al director de la Axencia de Turismo de Galicia en octubre del 2024 para hablar del REAT. Desde Raxoi sostienen que «o papel da Xunta non pode limitarse a dar de baixa un aloxamento cando este Concello lle notifica que carece de título habilitante, senón que debería comprobar se un establecemento cumpre os requisitos antes de inscribilo no REAT».

El TSXG valida la ordenanza para los pisos turísticos de 60 días

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado sobre uno de los dos recursos formulados contra la ordenanza de comunicación al Concello de los usos de hospedaje asimilados a vivienda (permite el funcionamiento de viviendas habituales con actividad turística hasta 60 días al año). El tribunal considera, en contra de lo alegado, que la ordenanza ni contraviene el Plan Xeral de Ordenación Municipal ni invade el ámbito competencial de la Xunta en lo relativo al alquiler por habitaciones. Y que tampoco invade competencias estatales al pedir que se acredite que las normas de la comunidad de propietarios permite el alquiler turístico. Contra la sentencia cabe recurso de casación.

Hasta ahora solo se han solicitado 32 permisos para esa actividad: cinco están concedidos; a 19 se les pidió más documentación. Las otras ocho viviendas no cumplen los requisitos y se declarará la ineficacia de la comunicación previa.