El pleno de Santiago rechaza por tercera vez el pago de facturas por 1,3 millones
SANTIAGO
Sanmartín obvia la votación separada propuesta por los ediles no adscritos para facilitar el pago a los pequeños y medianos proveedores
19 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno de Goretti Sanmartín tampoco logró sacar ayer adelante el pago de las 119 facturas por importe de 1,3 millones que el Ayuntamiento tiene pendientes de pago, en algún caso desde el 2021. La alcaldesa decidió llevarlas de nuevo al pleno sin que nada haya mudado en la oposición. Tampoco en el gobierno, que las sometió a debate en un único expediente, pese a que los concejales no adscritos habían pedido que se desligasen las facturas de los pequeños y medianos proveedores de las de Viaqua, la concesionaria del agua, sobre las que el PP ha manifestado dudas y que suman 990.000 euros.
Y el resultado ha sido el mismo que en el pleno del 27 de noviembre y el del pasado día 10: el rechazo del pago tras un debate ya conocido en el que el gobierno (BNG-CA) y el PSOE defendieron que corresponde pagar los servicios prestados y en el que el PP puso en cuestión unas facturas que se dejaron de conformar en el anterior mandato y para cuyo análisis solo ha tenido tres semanas, dijo Borja Verea, cuando al gobierno le ha costado dos años resolver a qué área municipal le correspondía conformarlas.
En ese escenario, Verea apuntó que no votarán a favor solo porque el gobierno crea «e eles o valen», rechazó cualquier intento nacionalista de responsabilizarlos de una situación que achaca exclusivamente a la «incapacidade» de Sanmartín y pidió un informe sobre «a legalidade dese millón de euros». Solo cuando dispongan de él y valoren la respuesta a lo que plantean «decidiremos segundo a nosa conciencia, tendo en conta a legalidade sempre».
El voto popular fue decisivo de nuevo para rechazar el pago de esas facturas, ante la abstención de los no adscritos, que también mantienen su posición en este caso, aunque el día 10 invitaron al gobierno a desvincular las facturas de Viaqua del resto, lo que abriría la puerta a que las otras pudiesen prosperar. La alcaldesa adujo que en una semana no daba tiempo a resolver un nuevo expediente, y apuntó que no se podían votar por separado ayer mismo, como planteó Gonzalo Muíños. El secretario dijo que aceptar la votación individualizada es cuestión del proponente (en este caso, el gobierno), aunque Sanmartín alegó que, tal como estaba introducido el punto, no era posible.
Obviando el cuestionamiento legal de las facturas por parte del PP, Sanmartín dijo «non entender por que hai que pagar unhas facturas e outras non» y que para votarlas por separado hay que traer expedientes también separados. Dio así carpetazo a cualquier votación diferenciada ayer. Muíños rechazó la falta de tiempo aducida por la regidora para afrontar un nuevo expediente, pues esa posibilidad ya fue sugerida por la popular Rosario Ferreiro, dijo, en noviembre.
En cualquier caso, el pago de esas 119 facturas sigue bloqueado. Y así será, al menos con las de Viaqua, hasta que esté el informe que pide el PP. El camino de las demás dependerá, inicialmente, de que el gobierno las presente en un expediente separado.
Manuel César (BNG) invitó al PP a llevar las facturas de Viaqua a la Fiscalía «se teñen dúbidas». Verea le contestaría en el punto en que se debatió sobre el transporte para indicar que puede haber dudas, discrepancias o incluso falta de documentación que requieran la corrección de deficiencias sin pensar que se esté «na órbita do delito penal», situación en la que sí entiende que podría estar el acuerdo de septiembre del 2023 por el que el actual gobierno decidió el alquiler de autobuses para el transporte público. El acuerdo de esa junta de gobierno «pode caer en calquera momento na Fiscalía», dijo.
El pleno sí aprobó, con la abstención de PP y no adscritos, facturas llevadas en otro punto del orden del día, sobre todo de Endesa.
PP y PSOE tumban el nuevo intento del gobierno de subir la tasa de la basura
El gobierno tuvo que hacer frente ayer a un doble revés en cuestiones de calado. También cosechó un nuevo fracaso, el segundo en tres meses, en su intento de aprobar la nueva ordenanza fiscal de la basura, con subidas, sobre todo para las actividades terciarias. Ni la necesidad de hacer frente al «taxazo de Sogama» que adujo el ejecutivo —el BNG lo achaca a la Xunta y el PP a Madrid— ni la obligación de aplicar una tasa que cubra los costes del servicio fueron argumentos suficientes para que la oposición respaldase la subida del recibo en un servicio tan cuestionado. Así lo defendió ya en septiembre y ayer mismo ante el nuevo intento del bipartito.
Para comenzar a hablar de esa cuestión exigen una calidad en la prestación del servicio que ahora no ven. «Santiago está sucio», dijo el popular Adrián Villa, tras tachar de «inútil» al gobierno y cuestionar la subida de entre el 20 y el 25 % al comercio y hostelería «cando non son capaces de garantir un servizo de calidade para eles». Los populares se opusieron de nuevo, al igual que el PSOE, que exige un servicio con la calidad que recoge el contrato «para empezar a falar». Así lo expuso Marta Abal.
Los no adscritos optaron por la abstención, aunque no sin antes presentar a un gobierno solo interesado en la faceta recaudatoria —«traen esta ordenanza pero non a de xestión do servizo», también rechazada en septiembre— y en mostrarse «como vítima dunha oposición desleal, obstrucionista e irresponsable». Es lo que dijo Mila Castro que buscan llevando de nuevo al pleno un asunto sobre el que la oposición no había mudado de posición. Para Villa, lo único que hacen llevando iniciativas para las que no tienen apoyo es evidenciar su «absoluta minoría». Sanmartín defendió la obligación de aprobar una nueva ordenanza y apuntó que si no se afrontan los dos millones que no cubre la tasa actual a través de los recibos habrá que hacerlo vía presupuesto.
Rifirrafe al regañar la alcaldesa a la oposición por un debate que reabrió un edil del BNG
El pleno aprobó, también con el voto positivo de BNG, CA y PSOE y la abstención del PP y los no adscritos, el pago de lo que restaba de las horas extras y festividad del personal municipal en el 2025. Son 842.517 euros de policías y bomberos y 50.770 de personal de administración (con la Seguridad Social incluida), lo que suma más de 3 millones en todo el año. Es la primera vez que la deuda por esas gratificaciones se cancela dentro del mismo año, según el concejal de Facenda y Persoal, el nacionalista Manuel César. «É a primeira vez na historia que se pon ao día o pago das horas extras», dijo César, aunque el popular José Ramón de la Fuente le replicó que lo que sí se dio por primera vez con el BNG fue la inoperatividad del parque de bomberos, el cierre del túnel del Hórreo y que apenas haya policías para patrullar, situaciones que solo se dieron con el BNG, apuntó, cuando gobiernos anteriores tuvieron también problemas de personal.
Una intervención de César dio pie a un rifirrafe entre Verea y la alcaldesa. El edil arrancó un punto posterior indicando que «nunca un expediente para pagar facturas deu tanto que falar», en alusión a las facturas bloqueadas. La oposición aprovechó para volver en cierta medida a aquel debate, que ya había quedado cerrado, con lo que la alcaldesa les llamó la atención. «Non pode dicir que abrimos ese debate e vir cun panexírico» sobre ello «cando o abriu o seu concelleiro», le reprochó Verea.
La oposición siembra la duda sobre el futuro modelo del bus y Duro anuncia que se licitará ya
Las calamidades del transporte urbano fueron objeto de nuevo de debate a iniciativa del PP, con una proposición respaldada por toda la oposición (el gobierno se abstuvo) para conocer la situación de la nueva contratación. El ejecutivo acabó afirmando que se trabaja para que esté en condiciones de licitarlo antes de que acabe el año. «Agardo de verdade que sexa moi moi pronto», dijo inicialmente, sin apuntar a diciembre, el edil Xan Duro (CA), quien ante la presión del popular Borja Verea y el no adscrito Gonzalo Muíños acabaría apuntando que «se está traballando co obxectivo de telo antes de que remate o ano».
La oposición en su conjunto cuestionó la transparencia del gobierno con este contrato, sobre todo con la documentación para el cambio de modelo anunciado en junio. Y forzó a Duro a precisar más en ese horizonte temporal después de sembrar dudas sobre la viabilidad de una pronta licitación. Verea preguntó si hay informes negativos sobre el cambio de modelo, tras indicar que le llegó información en ese sentido que «non puidemos contrastar». «Non sei a que informe se refire» y «a min non me consta», dijo Duro, que no contestó a Muíños sobre si la nueva ley de movilidad obligará a hacer un nuevo estudio económico.