Los alcaldes constatan la mayor concienciación de los vecinos


El balance de la actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en el primer semestre del año da cuenta, en lo relativo a la reposición de la legalidad por infracción, del inicio de 36 expedientes en la provincia, 30 finalizados y 18 remitidos al ministerio fiscal. Además, la APLU ejecutó 86 multas coercitivas por importe de 295.000 euros, y contabilizó 35 demoliciones. En cuanto a los expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad por infringir la legislación de Costas, la Axencia tramitó cuatro y concluyó ocho, e impuso 18 multas coercitivas por 28.712 euros. Los derribos en ese ámbito fueron 10. En todas estas actuaciones, los alcaldes destacan el aumento de la concienciación de los vecinos.

En el caso de Barbanza, más de la mitad de los concellos de la comarca están adheridos a la APLU, pero es en Porto do Son donde se registra el mayor número de infracciones urbanísticas, todas en viviendas vacacionales. Ello se debe en buena medida a la gran franja costera que posee el municipio, lo que durante el bum del ladrillo lo colocó como punto de destino de quienes deseaban tener una segunda residencia. Muchas edificaciones se realizaron en terrenos afectados por la ley de Costas y otras se levantaron con licencia de galpón, con lo que los propietarios se ahorraban una importante suma de dinero, pero realmente eran casitas de veraneo. El alcalde, Luis Oujo, explica que la franja litoral de Espiñeirido es una de las zonas más afectada y comenta que con la aprobación del nuevo plan xeral, hace un par de años, pudieron legalizarse algunas, pero que en otros casos fue imposible. Destaca la labor de vigilancia de la Axencia e indica que todavía quedan algunos inmuebles con expedientes abiertos que están en proceso de alegaciones.

En la Costa da Morte, la gran mayoría de construcciones derribadas en virtud de una orden de la APLU son pequeñas estructuras, del estilo fin de semana, caravanas, galpones o casas deshabitadas o de uso ocasional. La principal excepción es una vivienda tirada en marzo de este año en Bamiro (Vimianzo) a cargo de su propietario. Era una edificación nueva que iba destinada a ser vivienda habitual. Como en todos los casos en la zona, los dueños son los que ejecutaron las demoliciones, para evitar más multas.

Demoliciones con eco social

El litoral de Carballo y de Ponteceso acumula la mayor parte de las actuaciones, en pequeñas parcelas a escasos metros del mar. Durante el año 2017 se produjeron siete intervenciones, la última en Corcubión. Justo la misma cantidad que en el 2016.

La comarca de A Coruña, en la que residen más de 400.000 vecinos, también ha registrado doce demoliciones voluntarias este año, todas en el entorno metropolitano. Así, Cambre y Culleredo han empatado con tres casos en cada municipio, seguidos de dos en Miño y un caso aislado en los concellos de Aranga, Betanzos, Miño y Sada. Pese a que numéricamente no son un gran número de expedientes, las órdenes de demolición siguen causando un gran revuelo por el coste urbanístico y social que conllevan.

Sin embargo, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, reconoce que se aprecia un retroceso en este tipo de actuaciones y lo vincula a la «actuación exemplificante por parte da Administración». El regidor cullerdense considera que los vecinos tienen «máis conciencia» y asumen que tienen que tener toda la documentación en regla tanto para acometer grandes construcciones como pequeñas actuaciones, lo que evita que se sigan reproduciendo las malas prácticas.

Uno de los casos más visibles de un inmueble sobre el que pende la piqueta, y también tortuosos, es el del edificio de Fernando Macías en A Coruña. Es una vivienda que se ejecutó, pese a que antes de que se iniciase, en 1997 un arquitecto había advertido, vía denuncia, que el inmueble proyectado era ilegal. Logró que la Justicia respaldara sus tesis y ha conseguido fallos a su favor desde el 2001, en una batalla judicial que ha pasado por numerosas instancias sin que se haya avanzado en uno u otro sentido, pese a que hay sentencia firme del Supremo en el que se ordena su demolición.

El último paso es que representantes de la comunidad de propietarios del edificio de la antigua sede de Fenosa, del Ayuntamiento, así como el demandante acordaron unánimemente llevar el caso a mediación. Es una vía alternativa que se explora después de que la Justicia reconociera que las irregularidades llevadas a cabo en la reforma del inmueble, que contó con licencia municipal en su día, deben corregirse.

Información con aportaciones de las delegaciones de Barbanza, Bergantiños y A Coruña.

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