La decisión de las autoridades monetarias de España, Francia, Italia y Bélgica de restringir las ventas de activos financieros en corto puede interpretarse como un primer paso en el camino hacia el control de la especulación disparatada. Esa forma de negocio, ganar apostando a que la entidad emisora de los títulos en cuestión pierde, tan perjudicial para la población de países como el nuestro cuando se utiliza con la deuda soberana, venía siendo denunciado con insistencia por los analistas más críticos del descontrol de los mercados. Y con más argumentos desde que, en abril del 2010, los prohibió parcialmente el Gobierno de Angela Merkel. No se sabe muy bien por qué no han triunfado, después de que se utilizaran temporalmente, en otros países, los más afectados por la especulación, algunos de ellos gobernados por partidos que no tienen su base ideológica en el liberalismo radical. Sí se sabe que esta actuación sucede en pocos días a los primeros ataques serios contra las deudas públicas de Francia e Italia. Allá van leyes donde van reyes, decían los clásicos.
En las próximas semanas veremos si la restricción, que no abarca todos los tipos de activos ni de operadores, tiene efecto en la crisis de la deuda. En cualquier caso parece un avance en la dirección que, en su momento, marcó la comisión del Gobierno de Estados Unidos que analizó las causas de la crisis. Decían aquellos sabios, hace dos años, que la catástrofe se debió a «fallos generalizados en la regulación financiera»; a «rupturas bruscas en la gobernanza de las corporaciones, que actuaron imprudentemente» y a un «crecimiento excesivo del crédito». En estos aspectos se han tomado medidas. La comisión destacó otros dos: la falta de preparación de los responsables de las políticas económicas, que carecían «de una comprensión completa del sistema financiero que debían supervisar». Y la «ausencia de responsabilidad y de ética en todos los niveles». Contra estas dos fallas nos queda mucho que pelear, haga lo que haga Angela Merkel.