El principio de quien contamina paga no sirve. Fue superado por la crisis. Ahora es: el que paga, contamina. De poco sirve que el secretario general de las Naciones Unidas pida que la Unión Europea asuma el liderazgo mundial en la lucha contra la destrucción del planeta. Los líderes de la UE optan por regalarle a la industria pesada derechos de emisión de dióxido de carbono. Es decir, podrán seguir ensuciando sin pasar siquiera por la caja. Y todo por la crisis y la amenaza de la deslocalización, que, dicho por el derecho, quiere decir llevarse las fábricas y los puestos de trabajo allí donde las exigencias ambientales son más laxas.
La crisis económica no ha hecho más que desenmascarar un sistema tramposo de reducción de las emisiones. Se fija un tope por países, pero se abre un mercadillo entre las empresas para intercambiarse humos por euros. Además, como si la atmósfera tuviese compuertas, no se impide que las industrias más perniciosas para el planeta se vayan con sus emisiones a lugares en los que la polución no está entre las preocupaciones inmediatas de la gente, que antes que en otra cosa piensa en llegar al día siguiente. Susan George, una de las voces con más reputación en la crítica a los abusos de la globalización, recordó hace pocas semanas en Galicia cómo la crisis climática es incluso más perniciosa que las crisis alimentaria y financiera. Primero, porque estas dos impiden que se hable de la primera, pero sobre todo porque la crisis ambiental es la única que no se puede revertir.
Con el medio ambiente sucede como con las hambrunas. Cuando llega la emergencia es inexcusable el envío de ayuda para evitar que la gente se muera, pero seguramente se hubiese evitado si el modelo de cooperación fuese más productivo y menos asistencial. Ahora nos dicen que hay que elegir entre contaminación y desempleo y, por supuesto, todos queremos conservar el trabajo.