Los fabricantes de electrónica y las entidades de gestión de derechos de autor se enfrentan por el nuevo gravamen que el Gobierno deberá fijar antes del 27 de marzo.
11 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Las empresas fabricantes de electrónica y las entidades de gestión de derechos de autor están en pie de guerra. El motivo: la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en vigor desde el 29 de julio del 2006, con la que se pretende trasponer a la legislación española la directiva europea sobre la sociedad de la información, y trasladar el modelo de canon analógico al mundo digital. Aunque la norma establecía un período de seis meses para que los fabricantes de tecnologías de grabación y las sociedades dedicadas a velar por la propiedad intelectual llegaran a un acuerdo sobre los dispositivos a los que se aplicaría el canon y cuál sería su cuantía, ha sido imposible una propuesta común. La decisión queda, pues, en manos del Ejecutivo que, según ha anunciado, hará pública esta resolución antes de finalizar el mes de marzo. Esta tasa, que según marca la legislación sirve para compensar a los autores por las copias privadas que se realicen de su obra, alcanza a todos los soportes digitales, incluyendo cedés y deuvedés grabables -gravados desde el 2003-, reproductores MP3, tarjetas de memoria e incluso teléfonos móviles. En principio quedan exentos las conexiones ADSL y los ordenadores. A medida que transcurren los días, la situación se vuelve más complicada. La patronal mayoritaria de las empresas de electrónica y telecomunicaciones (Aetic) denunció recientemente que, tal y como proponen las gestoras, el canon dispararía los precios de los productos electrónicos un 25% como media, pudiendo llegar hasta un 80%. En este sentido, según los cálculos de la Asociación de Música e Internet (AMI) la nueva LPI puede suponer un incremento de 247 euros al año para una familia por su consumo de soportes digitales. «Las posiciones son extremas. El criterio que quieren imponer las gestoras es exponencial, es decir, a más capacidad, más canon», explica el experto en Propiedad Intelectual Ignacio Temiño, de la firma Abril Abogados. El otro bando de la polémica no se ha quedado atrás. Rafael Sánchez, portavoz de la Entidad de Derechos de Gestión de los Productores Audiovisuales (Egeda) ha afirmado que la patronal empresarial se ha lanzado a una «campaña de cifras para generar alarmismo y presionar al Gobierno». Uno de los soportes que más polémica suscitan debido a su uso primigenio es el teléfono móvil. La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) señala, a partir de un estudio de Sigma Dos, que tan sólo el 15% de los usuarios de telefonía móvil con reproductor utilizan este sistema para copiar contenidos protegidos. «El problema es que con las nuevas tecnologías está yendo todo tan rápido que el Derecho no consigue encontrar una fórmula capaz de equilibrar los derechos y obligaciones involucrados en las formas de reproducción y almacenamiento», concluye Temiño.