ana barcala
redacción / la voz

El primer día del estado de alarma, decretado el sábado por la noche por el Gobierno central, transcurrió ayer como una suerte de transición en una provincia que se prepara para un mínimo de dos semanas de parálisis social y económica. Una inactividad generalizada que no se extendió a los responsables de los principales concellos de las comarcas de Pontevedra, O Salnés y Deza-Tabeirós. Todos ellos trabajaron para amoldar el funcionamiento de la Administración local a las restricciones marcadas para frenar el coronavirus.

El Concello de Pontevedra emprende hoy la fumigación y desinfección de todos los espacios públicos de la ciudad, con especial atención a los lugares más frecuentados estos días, como las inmediaciones de los centros sanitarios o los supermercados. Se activa, también, un sistema de recogida de basura para las personas afectadas por el COVID-19, que podrán depositar sus bolsas en la puerta de sus domicilios a partir de las diez de la noche. Antes, tendrán que notificárselo a la Policía Local para que esta se lo comunique a la empresa concesionaria del servicio. Estas y otras medidas fueron adoptadas por una comisión de emergencias presidida por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Como Pontevedra, también Vilagarcía ha decidido cerrar las oficinas municipales al público para tratar de frenar el avance de la pandemia. A excepción de la Policía Local y el servicio de Emerxencias, el resto del personal trabajará en régimen de servicios mínimos. La atención a los vecinos se realizará por vía telefónica o telemática, además de la línea 687 073 336, habilitada las 24 horas para personas dependientes, inmunodeprimidas o con riesgo psicosocial. Esta situación de emergencia será coordinada por una comisión de seguimiento encabezada por el alcalde, Alberto Varela, que hoy estudiará la suspensión o aplazamiento de tasas e impuestos para los sectores que más están sufriendo la paralización de la vida cotidiana.

Al sur de O Salnés, Sanxenxo apuesta por congelar inversiones por valor de casi dos millones de euros para reorientarlas al apoyo a los sectores más afectados por la crisis, como autónomos y pequeñas empresas. Lo hará a través de un reglamento que hoy mismo comenzará a redactarse, según explica el regidor de la villa, Telmo Martín, cuyo equipo ha congelado el cobro de las actividades municipales mientras estas permanezcan suspendidas.

También en Lalín se trabajaba anoche para adaptar la maquinaria municipal a las restricciones impuestas por el estado de alarma, a través de una comisión que dirigía el alcalde, Xosé Crespo.

Los municipios más modestos tampoco son ajenos a la adopción de medidas extraordinarias. Ponte Caldelas, por ejemplo, ayudará a sus personas mayores a realizar las compras de alimentos y medicamentos que precisen. Bastará con solicitarlo a través del número 986 750 013, extensión 2, y hablar con la concejala Leticia Rosa. Un operario municipal recogerá a domicilio la lista, el dinero y la tarjeta sanitaria, y se encargará de entregar la compra.

Aislamiento domiciliario

Por lo demás, la población respetó, en general, la instrucción de permanecer en sus casas. Un par de agentes, eso sí, se apostaron en el límite entre Marín y Pontevedra, en Xunqueira de Alba o la isla de As Esculturas para comprobar el motivo por el que los escasos peatones habían abandonado sus viviendas. En Lalín, la Policía Local tuvo que desalojar a una familia del paseo y el parque del Pontiñas, que fueron precintados, mientras en Silleda, el sábado, fue necesario frenar la instalación del mercadillo y llamar la atención a los responsables de varios bares y un almacén, que estaban abiertos. En Vilagarcía, por último, permanece aislado en su domicilio el marido de la primera contagiada por coronavirus en el Hospital do Salnés, a la espera de sus pruebas.

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Los concellos cogen el virus por los cuernos