La Audiencia Nacional desestima la suspensión cautelar del plan para Mollavao, solicitada por el COAG
PONTEVEDRA
El auto hace referencia a que el estudio de evaluación del impacto ambiental no encontró valores significativos y a que la suspensión del proyecto causaria «una grave afección» al interés público
05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Si se cumplen las previsiones, esta misma semana o la próxima a más tardar, volverá a reunirse la mesa de contratación del Concello de Pontevedra para valorar las seis ofertas recibidas para ejecutar una de las obras más esperadas en la ciudad: la humanización de la calle Rosalía de Castro y la ejecución del vial de Mollavao que conectará esta con la avenida de Marín.
El proyecto, valorado en 3,7 millones de euros, se licitó en noviembre, pero en diciembre se frenó el proceso debido a que el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) solicitó su suspensión cautelar ante la Audiencia Nacional, algo que no trascendió hasta esta semana.
Esta petición de medidas cautelares esta relacionada con el recurso que presentó el COAG en marzo del 2024 contra la concesión al Concello de Pontevedra de los terrenos de Costas por los que irá el vial. El asunto se dirime en la Audiencia Nacional debido a que se recurre una decisión del Ministerio para la Transición Ecológica.
El COAG argumenta que el espacio objeto de la concesión «se encuentra degradado por la actuación del propio Concello, que permitió un estacionamiento en la zona, y la construcción del vial no permitirá la recuperación de los valores ambientales propios del dominio público marítimo terrestre».
En un auto fechado el pasado 13 de enero, la Audiencia Nacional desestima esa petición aludiendo al estudio de evaluación del impacto ambiental del proyecto, que concluye que este no supone una afección negativa, no afecta al paisaje ya que se integra en un entorno urbano, ni a patrimonio cultural y no hay afecciones sociales pues mejorará la vida de los vecinos.
La Audiencia subraya que la mejora de las infraestructuras «es un beneficio para el interés público» y que la suspensión del proyecto «causa una grave afección» a ese interés. «No habiendo valores ambientales significativos —concluye el auto— que puedan justificar la paralización del proyecto debe desestimarse la medida cautelar».