La Audiencia de Pontevedra cada vez resuelve más recursos y causas relacionadas con timos derivados de compras realizadas por Internet
16 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Lo barato, en ocasiones, sale caro. Esta suerte de mantra de los abuelos se puede aplicar a muchos de los chollos que se encuentran en portales de anuncios de Internet, los cuales, en realidad, ocultan estafas. Si bien la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como por algunos cuerpos municipales, como el de Poio, han percibido un creciente incremento de esta modalidad delictiva en Pontevedra y su comarca, lo cierto es que la Audiencia está teniendo que resolver cada vez un mayor número de recursos y causas derivadas de supuestas estafas telemáticas, una situación que tiene su origen antes de las restricciones sanitarias.
Y es que todo lo que uno se pueda imaginar puede ser susceptible de ser empleado en un timo. Así, hay quien aún recuerda el caso del que adquirió un alargador de pene y, en su lugar, le remitieron una lupa, si bien lo más habitual es que uno adquiera una mercancía, la abone y no vuelva a saber nada más del dinero, del producto presumiblemente comprado y del vendedor. Es lo que le ocurrió, tal y como trascendió hace algunos días, a un joven del partido judicial de Cambados que pagó por unas entradas para un concierto de Leiva e Iván Ferreiro que nunca llegó a recibir, hechos por los que se condenó ya al estafador a pagar 180 euros de multa e indemnización al denunciante con otros 120 euros.
Lo cierto es que, en las últimas semanas, los magistrados de Pontevedra han analizado supuestas estafas vinculadas a toda clase de ventas. Es el caso de la venta en abril del 2018 del tubo de escape de un ciclomotor por sesenta euros, cuyo anuncio interesó a un vecino de Pontevedra. Una vez realizada la transferencia bancaria, el vendedor no envió la mercancía, pero tampoco contestó a los mensajes de WhatsApp que le remitió el denunciante.
Lo habitual es que este tipo de situaciones termine con una condena de multa, ya que, dado el montante económico del timo, se considera delito leve. Las penas de prisión se reservan para aquellas estafas de una cuantía que supera los cuatrocientos euros.
De este modo, las penas de cárcel se reservan a situaciones como las resueltas en las últimas semanas por la Audiencia de Pontevedra y que implican ventas fraudulentas, comúnmente, de móviles de alta gama que se ofertan como auténticos chollos. Así, con siete meses de prisión ha sido condenada una pareja que «actuando de común acuerdo y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito», ofertaban a finales del 2017 a través de un portal de Internet dos iPhone modelos 6 y 7 por 800 euros. Una pontevedresa, atraída por el anuncio, negoció el pago de 450 euros más noventa euros de gasto de envío por uno de los terminales. Realizada la transferencia, los acusados se quedaron con el dinero «sin cumplir su obligación de entrega que nunca tuvieron intención de cumplir pese a aparentar que sí iban a hacerlo».
Con una pena similar fue condenado un timador que, por su parte, había puesto a la venta el motor de una Mercedes Benz Vito que atrajo al copropietario de una empresa del sector de la alimentación. En agosto del 2016, ambos concertaron una venta por importe de 2.520 euros, que el denunciante transfirió a una cuenta de la que el ahora condenado era titular. La víctima nunca recibió el motor, ni le han reintegrado el dinero.
Sin ingreso en prisión
Este tipo de sentencias, en las que también se impone a los estafadores la devolución del dinero defraudado, habitualmente no conllevan el ingreso en un centro penitenciario. De hecho, las condenas más graves suelen recaer en personas reincidentes, lo que, en cualquier caso, no necesariamente implica que tengan que terminar entre rejas. Es el supuesto de una pontevedresa, que habiendo sido en el pasado condenada a doce meses, ha visto como la Audiencia de Pontevedra ratificaba una pena de un año y nueve meses impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2.
En su caso, la condena no fue por un timó a través de Internet, sino por una estafa en el ámbito de la telefonía móvil. De este modo, se consideró acreditado que, el 10 de julio del 2018, contrató con la compañía Vodafone dos líneas telefónicas que llevaban aparejadas sendos terminales, en un supuesto, un Samsung S9, valorado en 481,33 euros, y, en otro, un iPhone X, tasado en otros 1223,33 euros. La empresa remitió los terminales, pero la acusada «non pagou, porque nunca tivo tal intención, os teléfonos entregados e fíxoos así seus».
No confiar en un sitio web por el mero hecho de que tenga candado o use el protocolo https
Hasta hace relativamente poco tiempo, lo que diferencia las webs legales de las fraudulentas era que empleaban el protocolo https y disponían del símbolo del candado, ambos aspectos apreciables en el espacio dedicado a la dirección de la página o portal en el navegador. Sin embargo, ambos indicios ya no son suficientes para garantizar la seguridad de tales webs, sostiene José Torres.
El experto en cibercriminalidad de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra insiste en que, «lamentablemente, ya no basta con que un sitio tenga https y un candado para determinar que se trata de un sitio seguro. Si bien en un primer momento las páginas fraudulentas utilizaban protocolo http, en la actualidad los atacantes pueden hacer lo mismo y obtener un certificado SSL/TLS válido y de manera gratuita».
El teletrabajo
Por otro lado, Torres incide sobre el hecho de que el coronavirus ha derivado en un incremento del teletrabajo, por lo que remarca que se deben «tratar con cuidado los datos sensibles de nuestras empresas y organismos oficiales». Es por ello que «desde la Guardia Civil hacemos hincapié en que los usuarios han tenido que adaptarse a las nuevas formas de trabajo en poco tiempo y tomando las medidas necesarias a fin de evitar las vulnerabilidades y eso no es fácil».
En este marco, avisa de que no todos los equipos personales «se ajustan a los estándares de ciberseguridad» para manejar datos de carácter confidencial.