Los magistrados analizarán en enero la inejecutabilidad de la sentencia de hace 7 años
18 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Supremo abordará en enero la compleja situación jurídica de los rellenos del puerto de Marín, sobre los que pende una orden de demolición desde el 2009, derivada de la anulación del plan especial del año 2000. Los magistrados del alto tribunal estatal tendrán que examinar varios recursos interpuestos por las partes en este complicado litigio, entre los que destaca la petición de un incidente de inejecutabilidad de los derribos, planteado por el abogado del Estado. Si esta opción prosperase, la Administración central tendrá que compensar económicamente a los demandantes iniciales contra los polémicos rellenos, la Plataforma Defensora de la Praza dos Praceres, pero los rellenos se mantendrían como en la actualidad. La tesis defendida desde el Estado es que la demolición tendría consecuencias más perjudiciales para el entorno que preservar lo que existe. El colectivo vecinal ha exigido en diversas ocasiones que se cumpla al pie de la letra la sentencia de hace siete años.
La cuestión de los rellenos es uno de los frentes judiciales abiertos en relación con el Puerto, pero no es el único. La agrupación vecinal impulsó también causas judiciales contra al menos una de las naves construidas en la zona en conflicto, así como contra la red ferroviaria al ente marítimo a su paso por el núcleo de Os Praceres.
La interpretación de la sentencia del 2009 ha sido también objeto de polémica. Puertos argumenta que la anulación del plan especial del puerto del 2000 y de su modificación posterior no invalida los rellenos realizados frente a Estribela. Argumentó que estas ampliaciones de suelo portuario se desarrollaron de forma independiente al documento urbanístico anulado y que las naves construidas en estos terrenos están amparadas jurídicamente por esos trámites administrativos, además de ser compatibles con el actual plan especial.
Esta interpretación choca contra la tesis de los vecinos, que insisten en que la anulación del plan especial dejó fuera de la legalidad 300.000 metros cuadrados de rellenos a los que sí hace referencia la resolución judicial del 2009 y que un nuevo ordenamiento urbanístico no puede darles protección.
Hasta el año pasado, parecía que los tribunales le daban la razón a la postura de los vecinos, pero entonces una nueva decisión judicial puede haber cambiado sustancialmente las cosas. La Justicia admitió por primera vez que los derribos no tienen por qué afectar a la totalidad de los 300.000 metros cuadrados y se reclamó a la Autoridad Portuaria que justificase cuáles sí lo serán. Esta situación ha dado pie a la Administración para esperar, en caso de que no se acepte el incidente de inejecutabilidad, que la orden de demolición podría afectar a una superficie mucho menor. Este es uno de los aspectos que podría aclararse con la resolución del Supremo que se prevé que se haga pública a lo largo del primer trimestre del próximo año.
Por otro lado, el Puerto de Marín se dotó de un nuevo plan especial en el 2013, que contó con el visto bueno de la Xunta y de Fomento. La plataforma vecinal de Os Praceres también recurrió este documento urbanístico, al entender que existían defectos suficientes en su tramitación para echarlo abajo. La aplicación de este plan permitió que naves como el congelador Cabomar pudiesen obtener licencia municipal -trámite administrativo cuya validez respaldó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia-.