El Igape mantiene conversaciones con las entidades financieras acreedoras, aunque por ahora sin resultados concretos
19 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El director xeral del Igape, Javier Aguilera, le transmitió ayer al comité de empresa de Factoría Naval de Marín que la postura de la Xunta es apostar decididamente por la continuidad del astillero. No obstante, Aguilera le transmitió también a los trabajadores la preocupación de la Administración autonómica porque la deuda, estimada en unos setenta millones de euros con tres entidades bancarias, está lastrando el futuro de la firma marinense. En este sentido, el director xeral del Igape también admitió que la deuda se redujo de manera notable con la quita del anterior concurso de acreedores.
Por su parte, desde el comité de empresa se le pidió al Igape su intervención ante los bancos deudores -Bankia, Novagalicia Banco y Sabadell-Gallego-. Los trabajadores solicitan a la Xunta que su mediación sirva para «atopar unha saída que permita a actividade futura do asteleiro».
Sobre esta cuestión, Aguilera les explicó que la Xunta ya estaba realizando distintas gestiones ante las entidades financieras citadas, «aínda que non había de momento resultados concretos», según indicó el comité de empresa.
La reunión de ayer fue la primera que los representantes de los trabajadores realizaban con alguna de las partes afectadas. Próximamente, el comité espera mantener otras reuniones con las tres entidades a nivel gallego para explicarles su situación y conocer la viabilidad de alcanzar algún acuerdo que salve a Factoría Naval.
Asimismo, la alcaldesa de Marín, la popular María Ramallo, a quien se había dirigido la plantilla como mediadora ante la Xunta, manifestó su deseo de que se consiga una fórmula que permita la continuidad de esta firma en el puerto. Ramallo recalcó que Factoría Naval ahora mismo tiene trabajo, está al día en el pago de las nóminas e hizo un gran esfuerzo para reducir su deuda.
Por otra parte, está previsto que esta mañana se celebre la segunda reunión entre el comité y los representantes legales del astillero para concretar los términos del ERE propuesto por la empresa.
En la primera reunión, la empresa propuso un ERE temporal por doce meses, mientras que la plantilla cree que uno por cuatro sería más adecuado.