El informe de la Xunta a la prórroga de Ence esperará al reglamento de Costas
PONTEVEDRA
El ministerio anula su primera solicitud del dictamen autonómico, que el Estado volverá a pedir más adelante
14 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El dictamen de la Consellería de Medio Ambiente sobre la prórroga de la concesión de Ence en Lourizán tendrá que esperar a que esté en vigor el reglamento de la nueva Ley de Costas. El plazo de tres meses no comenzará a correr automáticamente al día siguiente de su publicación en el BOE, sino que el Ministerio de Agricultura llevará a cabo una nueva petición de informe a la consellería. Solo a partir de ese momento se pondrá en marcha el reloj de los tres meses de los que dispondrá Santiago para informar sobre este delicado tema.
Un oficio del ministerio, que ayer hizo público Medio Ambiente, resuelve, de esta forma, las dudas que el Gobierno gallego tenía sobre el momento preciso de la emisión del informe y zanja una polémica que se ha ventilado en varias ocasiones entre los grupos políticos en la comarca y en el Parlamento gallego.
Ence realizó su petición de prórroga a principios de año y el Estado formalizó una primera petición de informe a la Xunta sobre la ampliación de la concesión. Sin embargo, en el departamento que dirige Agustín Hernández surgieron serias dudas sobre si este era el procedimiento correcto a seguir. La Ley está aprobada, pero no lo está el reglamento que la desarrolla y, por lo tanto, el conselleiro explicó en su día que sus técnicos no sabían cuáles eran los baremos concretos que deben tener en cuenta a la hora de atender la petición estatal y emitir un dictamen sobre la prórroga.
Precisamente por esta razón, la Xunta hizo una consulta a Madrid y, mientras tanto, dio por suspendido el trámite, que ahora, con el oficio del ministerio, queda anulado. Agricultura aceptó el planteamiento de Medio Ambiente y la Xunta no deberá emitir su dictamen hasta que se desarrolle el reglamento.
En el oficio ministerial se indica que existe la previsión de que esta norma pueda «introducir especificacións que se deban ter en conta no expediente», por lo que, según añadió la consellería, el Estado «dá por non realizada a solicitude de informe».