Marín afirma que no puede tirar una nave que puede estar en Pontevedra
19 feb 2013 . Actualizado a las 14:37 h.El impacto del cese de la actividad y la demolición de las instalaciones frigoríficas de Cabomar -antigua Tradepana- en el puerto de Marín está valorado en una cifra que, según un informe que maneja el Ayuntamiento, se sitúa entre los 23,3 y los 25,5 millones de euros. En esta cifra, se incluyen el pago de indemnizaciones a los trabajadores; la devolución de subvenciones que se percibieron por incumplimiento de condiciones pactadas para poder acogerse a las mismas; la solicitud del concurso de acreedores; el derribo de la nave; las inversiones y el lucro cesante. Esta es una de las razones que esgrimió ayer el Ayuntamiento marinense ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Pontevedra para defender la inejecución de la sentencia que ordenó el derribo de la nave tras anular la licencia municipal, como consecuencia de dejar sin efecto el Plan Especial del Puerto del 2007.
Impacto económico muy elevado
Sin embargo, fuentes marinenses señalaron que esta cifra, pese a todo lo aparatosa que resulta, no es la única repercusión grave para la comarca. En el informe pericial se explica también que el impacto económico para los proveedores sería muy elevado. Durante el ejercicio del 2011, un total de 438 proveedores facturaron casi 23 millones de euros al frigorífico. Un cese de actividad también supondría, además de la pérdida inmediata de este volumen de negocio, quitas en el cobro de la deuda y los problemas derivados de la previsible dilación en su abono.
Desde el punto de vista laboral, el cierre de Cabomar implicaría echar el candado a la principal empresa generadora de empleo en el puerto y en el municipio de Marín en la actualidad -174 puestos de trabajo-.
Marín también defendió ante el juez otra cuestión relevante para la inejecución desde su punto de vista y es la presunta imposibilidad legal para realizar el derribo. El Concello marinense le explicó al juez que el puerto está pendiente de un deslinde entre este municipio y Pontevedra y que este trámite supondrá la fijación del límite de competencia de la entidad local. Sin embargo, este deslinde está pendiente de una resolución por parte de la Xunta y cabe la posibilidad de que la parcela de la nave se le otorgue a Pontevedra, donde ya se pagó el IBI en el 2011.