El litigio sobre el istmo de A Lanzada es un tema jurídico complejo. Primero, por la concurrencia de varias administraciones: La Administración del Estado, a través de la Dirección General de Costas, porque en él es aplicable la Ley de Costas de 1986; la Xunta de Galicia; los ayuntamientos implicados, en este caso O Grove y Sanxenxo, y es competente también la Unión Europea, porque la zona en litigio está protegida por la declaración Natura 2000, además de por otras figuras de protección ambiental (ZEPA, Ramsar). Con todo esto, como se puede comprender, hablamos de una zona especialmente sensible. A mi entender, la titularidad dominical es del Estado, porque eso es un dominio público marítimo terrestre a través de la Dirección General de Costas. En cuanto a los aprovechamientos, que es lo que parece preocupar a los concellos y a los comuneros, tienen una virtualidad cero. Es decir: no se puede hacer aprovechamiento de ningún tipo de la explotación del monte. En caso de que el interés sea sacar rentas por los quioscos de temporada, tampoco tiene esta opción virtualidad alguna, porque en este caso las competencias están compartidas entre el Concello de O Grove y Costas del Estado.