La presidenta de Acción Solidaria, Magali Fagilde, reiteró que todo el proceso de desahucio de una vecina de Salcedo «delata la dejación de funciones y negligencia profesional que caracteriza a la Administración de Justicia en general y a los juzgados de Pontevedra, concretamente».
Asimismo, volvió a exigir «la invalidación del proceso de embargo» y, consecuentemente, que le sea devuelta la casa a su propietaria. En este sentido, a mayores, no duda en reclamar daños y perjuicios por lo ocurrido.
En este marco, Fagilde puso en duda la capacidad que puede tener la financiera que ejecutó el embargo para poder prestar dinero a los particulares. Al tiempo, no dudó en afirmar que los afectados por estos desahucios son estafados, «porque estafa es manipular la normativa y cobrar intereses muy por encima de lo permitido legalmente».