La plataforma vecinal que durante más de cinco años batalló contra la presa del Umia y la Xunta de Fraga mantiene contactos y la misma preocupación por el río
12 oct 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La Coordinadora Antiencoro de Caldas, Cuntis e Moraña nacía en diciembre de 1997 para luchar contra la construcción del embalse del Umia. Dos años antes se hacía público el anteproyecto de la obra por parte de la Xunta de Fraga, un documento pensado para un río de Andalucía que puso en guardia e indignó a los vecinos y a los gobiernos socialistas de los tres municipios.
La lucha ciudadana se articuló desde entonces y hasta hoy en torno a esa plataforma a medida que la piña inicial que formaban con los alcaldes se fue fracturando. El colectivo nunca se constituyó oficialmente como tal porque su finalidad no era optar a subvenciones públicas, sino demostrar que la finalidad de la presa de A Baxe era la producción de energía eléctrica y no abastecer de agua a O Salnés ni acabar con las riadas de Caldas. Toda la documentación generada, entre la que se cuentan múltiples informes técnicos, se canalizó durante ese tiempo a través de un apartado de correos.
De aquel conflicto queda en muchos de sus protagonistas un sabor agridulce. Paloma Fernández, portavoz de la coordinadora, comenta que el principal logro fue que el Tribunal Supremo reconociera que el decreto que aprobó el Ejecutivo gallego para justificar la obra estaba huérfano de motivación. «O tempo pon a cada un no seu sitio e agora basta con mirar ao encoro, pero, ao principio, ninguén nos cría e houbo que demostrar documentalmente que isto era para aproveitamento hidroelétrico».
La tensión vivida en muchos momentos, con duros enfrentamientos con la Guardia Civil y los antidisturbios, hizo mella en los que lo vivieron y algunos abandonaron la lucha por miedo. Lola Ramos, una de las mujeres que lideraron el conflicto, lo resume en pocas palabras: «Las pasamos putas y nos teníamos que apoyar unos a otros. Fue mucho tiempo y se generó una unión que se mantiene, aunque ahora nos reunamos de vez en cuando».
Fernando Pérez, que hoy es concejal por un partido independiente en Caldas, también comparte esa visión. «Lo negativo es que la obra está ahí y, además de los perjuicios, tenemos un castigo que no calculamos en su día, como es el alga tóxica del embalse, pero lo que más pesa es lo personal. Conocí a gente maravillosa, personas que se volcaron y que trabajaron desinteresadamente por el río, viví la solidaridad de cerca e hice grandes amigos».
A la hora de echar la vista atrás y hacer memoria, salen a relucir los malos momentos, como la muerte de José Luis Aranda, el abogado que representó a la coordinadora, y el susto por las lesiones que sufrió Samuel Fariña, el presidente de la asociación de propietarios Encoro Non, el 24 de agosto de 1999 durante una carga policial. Este vecino de Moraña, al que entonces le diagnosticaron un traumatismo abdominal y craneoencefálico, también hace balance. «Aquelo foi duro. A min mandáronme ao hospital, a outros detivéronos e a xente aínda hoxe non acabou de cobrar as fincas. O encoro está contaminado e cheira».
Paloma Fernández, que fue concejala del BNG en Caldas y ahora vive en Vilagarcía, sostiene que la lucha no está ni mucho menos cerrada. Hace hincapié en que antes de abandonar la política municipal presentó una moción para exigir a la Xunta un estudio sobre la viabilidad técnica y económica de desmantelar la presa. Una propuesta que fue respaldada por unanimidad en septiembre del 2006. «O Concello de Caldas aprobou a moción e os acordos hai que cumplilos. A Xunta non deu contestación, pero o rescate da concesión do aproveitamento hidroeléctrico adxudicado a Cortizo é viable polo problema sanitario, ademais do ambiental. Non é só cousa de Caldas, senón de todos os concellos que están augas abaixo».
La portavoz de la coordinadora alude a las dos centrales que lleva aparejadas el embalse. Cortizo Hidroeléctricas tiene que pagar anualmente a los tres Ayuntamientos un canon de 360.606 euros para obras y actuaciones de carácter educativo, cultural y de asistencia social. Una concesión que vence en el año 2051 y que se articuló como una contrapartida por la ocupación de la presa.
Otras voces como Adega y O Fervedoiro también reclaman al Ejecutivo gallego el derribo del embalse. Paloma Fernández aclara que no se puede dinamitar el muro de hormigón por su impacto ambiental: «Habería que cortar o formigón na súa parte central para que as augas baixaran libres. Esa sería a solución para acabar coa cianobacteria, que só prolifera en augas estancadas e contaminadas».
Hasta ahora el trabajo de la coordinadora obtuvo más recocimiento fuera de Galicia que en la comunidad, algo en lo que incide Fernando Pérez. Entre el pasado 28 de junio y el 5 de julio cuatro miembros del colectivo participaron en Zaragoza en el Foro Mundial de las Luchas del Agua. La plataforma fue invitada a una ponencia sobre vivencias y casos significativos y compartió experiencias con asociaciones que lucharon contra embalses en Riaño (León) y Yesa (Navarra). Antes, el 20 de marzo del 2004, el colectivo recibió en Jaca (Huesca) una de las menciones de la Fundación Nueva Cultura del Agua por su trabajo en defensa del río Umia.