Afectados de los cuatro núcleos costeros del municipio aguardan todavía hoy por la entrada en vigor de una solución definitiva a la situación jurídica de sus viviendas
28 oct 2007 . Actualizado a las 02:00 h.El 11 de agosto del 2004, hace más de tres años, los vecinos de Loira, en Marín, sacaron a la luz pública un conflicto que habían intentado solucionar por la vía pacífica con la Xunta y al que sólo encontraron una posible solución con la fuerza de la reivindicación simultánea en la calle y en los despachos. En aquel verano, y portando cruces en las que se podía leer SOS Loira, los afectados reclamaron dos cosas: el reconocimiento y delimitación oficial del núcleo costero, con la rebaja de la línea de protección de costas de cien a veinte metros, y el archivo de los expedientes urbanísticos sancionadores, que en aquella época le correspondían a Pesca, y que suponían el derribo en algunos casos de viviendas. Los vecinos explicaron que se trataba de reconocer el hecho de que estos núcleos existían antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 y de que se les admitiese la realización de obras de modernización de sus hogares. Poco tiempo después, se sumaron a esta reivindicación más zonas históricas del litoral marinense hasta que las peticiones se concretaron en cinco núcleos: Loira, Aguete, la barriada de Pérez Crespo en Mogor, Casás y A Teoira.
El problema arranca de la aplicación de la Ley de Costas de 1988. El Ministerio reclamó a los municipios que justificasen la existencia de los núcleos de su litoral. Marín no lo hizo, ni tampoco los incluyó en sus normas subsidiarias en vigor. Como resultado, la línea de protección de costas se fijó en los cien metros dejando afectadas a más de 240 viviendas.
Tres años después del inicio de las movilizaciones vecinales y tras pasar por numerosas promesas políticas, procesos administrativos diferentes, sesiones maratonianas en el Parlamento autonómico y en los despachos de la Xunta y del Ayuntamiento de Marín, los vecinos todavía no han alcanzado el objetivo final, aunque sí han logrado algunas victorias señaladas. La Xunta archivó los expedientes de infracción, en base a que no tenía sentido seguirlos si se iban a permitir los comportamientos urbanísticos sancionados como ampliar sus casas para construir baños y reformar tejados.
Decreto polémico
Además, la situación pareció solucionada con un decreto del anterior conselleiro de Pesca, el popular Enrique López Veiga, que reconocía, poco antes de dejar su cargo, los núcleos implicados y archivaba definitivamente los expedientes. Pero este decreto fue recurrido por Costas y ecologistas y finalmente resultó ser una vía que dejaba a los vecinos en una situación inestable desde el punto de vista jurídico.
De hecho, todo estuvo pendiente de un hilo en julio del 2005, cuando un informe del director general de Costas rechazó reconocer tres de los núcleos y sólo admitió como tal a la barriada de Mogor, puesto que la había promovido el Estado. Como consecuencia, hubo que volver a iniciar todo el procedimiento, ya que la modificación puntual de las normas subsidiarias impulsado por el Concello perdió su fundamento jurídico -el decreto López Veiga- al perder éste su validez.
La actual conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride, apuesta por otra vía para solucionar el conflicto. Se trata de la revisión de oficio de las normas subsidiarias municipales en vigor para oficializar la delimitación de unos núcleos que ya ninguna Administración cuestiona. Esta revisión y el ámbito de su actuación fue pactada con los vecinos en marzo de este año y el proceso de revisión por parte de la Xunta se abrió en mayo. Implicaba la reducción de la línea de protección a los veinte metros y la clasificación de los cinco núcleos como suelo urbano. El proceso incluye una exposición pública de un mes y la remisión de todo el expediente al Consello Consultivo de la Xunta, que emitirá un informe vinculante y obligatorio. Si todo sale como esperan los vecinos, Política Territorial sólo tendría que ratificar el acuerdo del Consello Consultivo.
Sin embargo, la tramitación parece estancada en la Xunta. El Concello aún no ha recibido el informe para la exposición pública que la consellería se había comprometido a tener listo en septiembre y últimamente este mismo mes. Los vecinos se muestran inquietos y han pedido una entrevista con el director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, que no da llegado. La Xunta dice que el trámite va lento porque es muy complejo y en el Concello se pliegan a esta visión. Mientras los afectados en Aguete, Loira, Mogor, Casás y A Teoira siguen esperando, tres años después de iniciar su lucha.