El expediente del proyecto de reparcelación del área de reparto que incluye el edificio de la antigua cárcel, el solar de Xardín das Burgas y el correspondiente a los baños de Outeiro, deberá incorporar también información bancaria. El hecho de que sobre los terrenos de Xardín das Burgas pesen al menos tres hipotecas, de acuerdo con los datos de cargas que figuran en el Registro de la Propiedad, ha llevado al Concello de Ourense a requerir al Banco Popular, como titular del derecho real de hipoteca, «para que manifeste contía da indemnización que proceda para a súa extinción».
Las hipotecas a que se refiere esta citación, todas con el Banco Popular, figuran incorporadas como cargas vigentes, sin que conste que hayan sido liquidadas. En todos los casos se incluye esta finca y otras más como garantía. La más importante es de 5,2 millones de euros; una segunda, de 570.000 euros corresponde a la liquidación de una cuenta de crédito de varias sociedades, entre las que se cuenta Xardín das Burgas S.A., y una tercera, por importe de 180.000 euros como principal.
Exposición al público
El expediente de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del área de reparto As Burgas se encuentra en fase de exposición al público y como parte de su tramitación ha incluido el Concello este requerimiento al Banco Popular y la citación a uno de los particulares propietarios, al no haberse logrado la notificación personal en el domicilio.
El desarrollo de este espacio, donde el gobierno local proyecta un hotel balneario en el solar de la antigua cárcel, aparece formalmente amparado por la norma urbanística provisional que la Xunta aprobó a finales de septiembre de pasado año. Entre los ámbitos que han sido objeto de reserva específica se cuenta toda la zona que está catalogada co bien de interés cultural.
Xardín das Burgas y el Concello de Ourense mantienen posiciones muy distantes a la hora de tasar el valor del solar que la empresa adquirió en su día para la construcción de un hotel balneario, un proyecto que fue definitivamente frenado durante el mandato de la anterior corporación. En el proyecto de equidistribución que ahora se tramita, el gobierno local pretende que el terreno pase a ser de propiedad municipal con una indemnización de 386.000 euros.
Más de 16 millones
La empresa, por su parte, ha planteado un procedimiento de responsabilidad patrimonial que cifra en 16,4 millones de euros, por los daños y perjuicios como consecuencia de la paralización de su proyecto.
El Concello de Ourense impone la cesión obligatoria de terreno al resto de los propietarios de los 12.199 metros cuadrados de esta área de reparto.