Fomento denomina «Integración urbana del ferrocarril» a aquellos proyectos que tienen por objeto analizar y resolver los problemas de incidencia de las líneas ferroviarias en los cascos urbanos de las ciudades. Tanto las de nueva construcción, por ejemplo la LAV de Madrid-Ourense-Santiago, como las antiguas líneas que datan del siglo XIX, donde el ejemplo sería la línea de Monforte-Ourense-Vigo.
Por tanto hay que calificar como error de Fomento denominar «Proyecto de Integración urbana del Ferrocarril en Ourense», a la nueva línea de 17 kilómetros que tiene su origen en Taboadela, atraviesa el Concello de San Cibrao y no alcanza el casco urbano de Ourense hasta su llegada al cauce del río Miño, en Velle, pues los 15 primeros kilómetros del tramo transcurren por el más puro rural gallego. De ahí la confusión que se transmite a los ciudadanos, entidades cívicas y políticas y que presuntamente afecta a la señora ministra, según se aprecia por sus manifestaciones del pasado martes, al atribuir un coste desproporcionado al paso del AVE por la ciudad.
Fomento tiene la competencia exclusiva de diseño y construcción de las líneas de ferrocarril interurbanas. Así que, construir 15 kilómetros de línea de alta velocidad hasta el límite de la ciudad, no es más que completar la línea que arranca en Olmedo. Ninguno de esos kilómetros son de «integración urbana».
El Ministerio de Fomento ha diseñado una «variante», al reconocer que el trazado actual desde Taboadela no reúne las mínimas características para la circulación de los trenes de alta velocidad, y su coste de construcción será el mismo o menor, que el coste medio por kilómetro del resto de la línea de la Meseta. El coste de una línea para toda Galicia no puede ser achacado a la ciudad de Ourense.
La verdadera integración urbana es el paso por la ciudad: desde la margen izquierda del río Miño hasta el barrio de O Pino. En esta zona, con la complicidad del Concello, Fomento diseñó una nueva y suntuaria estación, que no se justifica por tráfico ni funcionalidad, al tiempo que relegó la resolución de la ruptura del barrio de A Ponte en dos, ocasionada por el ferrocarril desde mediados del siglo pasado, como proponían las entidades cívicas empresariales, profesionales y asociaciones vecinales.
A Fomento debemos decirle que una muralla de ocho metros de alto sobre el nivel actual de las vías, entre la estación y el barrio de Peliquín «no resuelve la integración urbana». Y, salvo que nos haga trampa, el coste de las vías soterradas de la estación, no superará los 50 millones.